lunes, 27 de febrero de 2017

Petición de un pacto de Estado que equipare pensiones mínimas contributivas y de viudedad al Salario Mínimo Interprofesional

La pensión contributiva ha de entenderse como un salario diferido, con capacidad para hacer frente a los gastos elementales que permitan llevar una vejez digna. Por obvias razones de justicia, su cuantía mínima debe ser equiparada al Salario Mínimo Interprofesional. Una petición creada en Change.org solicita un pacto de Estado en este sentido que sea aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados.

La Constitución Española dispone que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad (Art. 50). Sin embargo, esta garantía constitucional no se está cumpliendo en absoluto. La política del Gobierno del Partido Popular, aplicando subidas anuales del 0,25%, no compensa los incrementos del coste de los productos básicos, que han subido 12 veces más que la pensión. 

Desde su entrada en el gobierno, el Partido Popular ha venido efectuando una demolición en toda regla al sistema público de pensiones español. No sólo se ha cargado el fondo de reserva, -la denominada 'hucha' que quedará literalmente vacía en 2017- además, ha introducido una reforma que supone, de hecho, una congelación perpetua de las pensiones.

En efecto, el factor de revalorización aprobado en 2013 es una compleja fórmula matemática que analiza la marcha del sistema (ingresos, gastos y número de pensionistas, de los últimos cinco años y las previsiones del Gobierno para los cinco siguientes). Fórmula ideada para que en el actual escenario de gastos crecientes de la Seguridad Social las pensiones suban el mínimo posible, es decir, el 0,25%. Una subida irrelevante que raya en el insulto a los más de 2,5 millones de personas que perciben pensiones mínimas, "revalorizadas" en 2017 con incrementos inferiores a dos euros mensuales.

«Subíronme a pensión 1,60 euros e hai días que non acendo a calefacción», se queja María Ramos, jubilada lucense entrevistada por La Voz de Galicia. Pese a lo cual, otro gallego, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy Brey, dice que no ve razones para subir las pensiones más del 0,25%.

Esta falta de sensibilidad social de Rajoy sólo es comparable al rostro de cemento armado con el que encara los flagrantes casos de corrupción producidos en el seno de su partido. Porque el ataque al sistema público de pensiones ha sido tan crudo que hasta una entidad poco sospechosa de izquierdismo como Fedea, el laboratorio de ideas que cuenta entre sus patronos con los grandes bancos y empresas españolas, considera que, con la reforma de 2013, el gobierno del Partido Popular se ha pasado de frenada. 


En un estudio de 90 páginas, que Fedea publica en su web, se afirma que desvincular las pensiones del incremento de los precios generará "problemas de suficiencia importantes" a ciertos colectivos, por lo que propone que las pagas mínimas vuelvan a ligarse al IPC.
          
Es más, según Fedea, la reforma de 2013 supone que las pensiones subirán ese exiguo 0,25% al menos "hasta bien entrada la década" de 2060 al mantenerse los niveles de ingresos del sistema por debajo del flujo de gastos. Lo que confirma la tesis antes apuntada de la congelación permanente. En el informe, propone, entre otras medidas, volver a subir las pensiones mínimas, de entre 590 y 638 euros, conforme a la inflación para aliviar la situación de los que menos cobran.

Consciente de la gravedad de la situación, el gobierno autonómico de Navarra ha anunciado que las personas que reciben pensiones contributivas con rentas inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se beneficiarán de un complemento que, en tres años, equiparará su cuantía al SMI del año 2017.
 

Aunque esto es ir muy despacio para alcanzar el objetivo, es significativa la relación que se establece entre pensiones y salario mínimo. En efecto, la pensión contributiva y su derivada de viudedad deben entenderse como un salario diferido (de verdad, no el de Bárcenas) con capacidad para hacer frente a los gastos elementales que permiten llevar una vejez digna. Sin embargo, la cuantía de esas pensiones mínimas para una persona mayor de 65 años, individual o viuda, es de 637 euros mensuales. Ni siquiera alcanza el ya de por sí bajo nivel del SMI.

Tan bajo, que al comienzo de la actual Legislatura, el Partido Popular en el Gobierno y el PSOE llegaron a un acuerdo para incrementar en un 8% el SMI, situándolo en 707 euros mensuales en 2017. A mucha distancia todavía de los niveles europeos. Hasta el punto de que el Consejo de Europa ha criticado a España por incumplir seis artículos sobre derechos laborales contenidos en la Carta Social Europea, un tratado vinculante para los Estados adheridos. España, incumple el artículo 4 de la Carta en la que los Estados firmantes se comprometen a reconocer el derecho de los trabajadores "a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y sus familias un nivel de vida decoroso". La propuesta del Consejo de Europa es que la cuantía del salario mínimo constituya el 60% del salario neto medio del país. En España, este valor se sitúa casi a la mitad: en un 34,1%.

Uno de los principales motivos por el que muchas personas cobran hoy cuantías mínimas es que, al estallar la crisis en 2008, se vieron afectadas por el desempleo en los años previos a la jubilación, lo cual perjudicó su carrera de cotización a la Seguridad Social. Circunstancia que constituye una doble injusticia cuando se compara con las ingentes sumas de recursos públicos dedicados a salvar a instituciones financieras o empresariales de la ruina producida por sus propios errores.


No es la primera vez que desde este blog se ha planteado a necesidad de equiparar las pensiones mínimas al SMI. Entre otras razones, porque su reivindicación uniría la fuerza de dos grandes colectivos afectados: el de los pensionistas y el de los trabajadores precarios. Al que habría que agregar a toda la gente solidaria con este sensible aspecto de la cuestión social. Ahora, contando con la colaboración de la plataforma Change.org, hemos establecido la siguiente petición:

Las ciudadanas y ciudadanos firmantes de esta petición solicitamos a los parlamentarios de las distintas formaciones políticas del Congreso de los Diputados que alcancen un pacto de Estado en virtud del cual la cuantía de la pensión mínima contributiva y de viudedad sea equiparada al SMI en 2018 (*). Quedando, a partir de ese momento, indexada al SMI a efectos de aplicación automática de futuros incrementos del mismo.
 

 La petición, apoyada ya por más de 86.000 personas, puede firmarse pinchando en este enlace 
  
Una consideración final: este pacto debería ser suscrito por la totalidad de los 350 escaños del hemiciclo de las Cortes, ya que el compromiso moral y político de cumplir con un mandato constitucional que evite la pobreza de millones de personas se supone que debería estar por encima de rivalidades e intereses partidistas. 

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(*) En 2018, para evitar la posibilidad de impugnación por parte del Gobierno si afectara al Presupuesto de 2017.


sábado, 4 de febrero de 2017

El Congreso tramitará una iniciativa de renta mínima condicional para personas sin ingresos

Partido Popular y Ciudadanos votan en el Congreso en contra de la Iniciativa Legislativa Popular destinada a garantizar una renta mínima a las personas sin recursos. Iniciativa con unas leves gotas de sangre jacobina al plantearla como un derecho subjetivo de toda persona a percibir esa renta que habrá de ser financiada por los presupuestos generales del Estado.


Tras una década de rotundos fracasos al pretender reducir la pobreza con esa consigna viejuna de "más y mejor empleo", los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores han presentado en el Parlamento la propuesta de crear una renta mínima garantizada para personas sin recursos. Que no tiene nada que ver con el concepto de la Renta Básica Universal (RBU).

Demasiado débiles para agrupar a una fuerza de 700.000 afiliados dispuestos a plantar cara a los recortes sociales, los sindicatos han conseguido, al menos, reunir 700.000 firmas –el activismo de firma le sale gratis al firmante– apoyando una Iniciativa Legislativa Popular destinada a crear una renta mínima garantizada de 426 euros mensuales a personas de 18 a 64 años demandantes de empleo sin ingresos o con ingresos inferiores en cómputo anual al 75% del SMI, 5.837 € por persona al año.


El pleno del Congreso del pasado jueves 2 de febrero aceptó admitir a trámite dicha proposición de ley con los votos en contra del PP y Ciudadanos. El Gobierno de Mariano Rajoy está en contra de la proposición de ley por considerarla imposible de financiar. Aunque no tenga la misma opinión cuando se trata, tras el astronómico rescate a la banca, de hacer lo mismo con las autopistas en quiebra. Pero, conociéndolos, tampoco cabría esperar mucho más de la sensibilidad social de los popularistas.
Sólo les falta cantar aquello de Tanto vestido blanco, tanta parola. Y el puchero a la lumbre con agua sola.

El resto de partidos votaron a favor. Algo esperable del PSOE, cuyo programa contempla un Ingreso Mínimo Vital bastante parecido a la iniciativa sindical.

Hay que reconocer en esta propuesta unas gotas de sangre jacobina al plantearla como un derecho subjetivo de toda persona de nacionalidad española a percibir esa renta sin importar en qué región del territorio resida. Una prestación de rango estatal que vendría a superar la actual disparidad de cuantías y condiciones de las diversas ayudas establecidas por las diferentes administraciones autonómicas. En definitiva, un nuevo derecho subjetivo vinculado a la Seguridad Social, es decir, financiado a través de los presupuestos generales del Estado.

Otro aspecto novedoso es que desaparece la palabra inserción en el enunciado de la renta, que pasa ahora a ser garantizada. Que no es lo mismo que incondicional, puesto que se sólo se percibiría mientras se mantengan las condiciones que dan derecho a la prestación. Entre ellas, que los beneficiarios se encuentren inscritos como demandantes de empleo.

Donde la propuesta se queda corta, cortísima, es en su cuantía, al fijarla en 426 euros mensuales. Esa cifra que parece haberse convertido en un totem prestacional pese a situarse por debajo del umbral de la pobreza.
 
Esta iniciativa podría ofrecer una ayuda elemental a los más de 1.800.000 hogares cuya renta per cápita es inferior a 5.837 euros anuales. Aunque habría sido mucho más directo y propio de la acción sindical exigir el cumplimiento de una norma que ya existe en el Estatuto de los Trabajadores de manera que la cobertura del subsidio por desempleo llegase a todos los desempleados. 
Porque la tramitación parlamentaria de esta medida será necesariamente dilatada en el tiempo. Si llega a buen puerto, las personas en situación de pobreza que hayan sobrevivido al periodo de tramitación, y al posterior proceso de reconocimiento de la condición de beneficiario, algo cobrarán. A cambio, eso sí, de verse sometidos al humillante escrutinio administrativo para demostrar su pobreza. Siempre bajo sospecha, como de forma magistral retrata Ken Loachen la película I Daniel Blake.

Sentado esto, diremos una vez más que,
a estas alturas, este tipo de rentas condicionales no es la solución que pide a gritos la justicia social en un momento histórico caracterizado por los efectos de la Cuarta Revolución Industrial que se estima dejará sin empleo al 80% de la población. De hecho, la patronal CEOE ya avisa de que una bajada masiva del paro solo es posible si se crea "empleo de baja calidad".  

Recientemente, el filósofo Santiago Alba Rico, en una entrevista en el diario.es declaraba lo siguiente:

Creo que la izquierda es cada vez menos culta y más hipernormativa, y un sector vive en un pasado que le sigue proporcionando esquemas de interpretación muy cómodos pero que son cada vez más incompatibles con la realidad en que vivimos. Y hay una cosa identitaria, que es casi mística, que tiene que ver con el hecho de que finalmente allí donde no puedes introducir ningún efecto en la realidad, porque no tienes los medios y además nadie te sigue, necesitas tener correligionarios al lado de los cuales te sientas apoyado, respaldado, integrado. Y eso es muy bonito, pero no es ni política ni políticamente bueno. 

La reflexión de Alba Rico puede perfectamente aplicarse a cómo la izquierda española aborda el debate sobre la Renta Básica Universal. Una propuesta que ha cobrado actualidad ante la evidencia de la robotización de los procesos productivos. Ahora mismo, la RBU es defendida desde Silicon Valley hasta Finlandia. Donde, como ya es conocido, ha sido el propio gobierno el que ha propiciado un experimento práctico destinado a estudiar su aplicación generalizada 

Mientras tanto, aquí, en las socialmente desoladas tierras de Celtiberia Show, los que tienen la posibilidad de tomar medidas sociales, no quieren saber nada de esta garantía real de ingresos. Encastillada en el pasado, Izquierda Unida rechaza la RBU contraponiendo una propuesta de Trabajo Garantizado que no deja de ser un brindis al sol poniente de las políticas laborales. De entrada, porque salvo que se disponga de un poder absoluto, no es posible crear puestos de trabajo por decreto ley. Y aun en la hipótesis de que se llegara a ostentar tal poder resulta dudoso el tipo de empleos que podrían crearse. ¿Tal vez el de abrillantadores de robots?

Por su parte, el PSOE rechaza igualmente el ingreso incondicional. Su principal asesor en materia económica, José Carlos Díez, llegó a asegurar en televisión que una implantación generalizada de la RBU obligaría al uso de "francotiradores" para frenar la llegada de inmigrantes. Aunque e
l autor de esas palabras hubo de pedir perdón de inmediato, esa soberbia académica tiene mucho que ver con la llegada al poder de los Trump y Cía. Ya que las clases dirigentes llevan una década viviendo de espaldas a la realidad de la pobreza en que se ven obligados a vivir grandes sectores de la población desempleada o empleada en precario. Por cierto, en Alaska existe una forma de RBU y no se tiene noticia de que hayan tenido que poner francotiradores en sus fronteras.

¿Y Podemos? Es una lástima, pero Podemos tiene ahora mismo la vista puesta en otra cosa: Vistalegre o Vistatriste, ellos sabrán. Al menos, votaron a favor de la ILP.