Una vergüenza nacional: siete de cada 10 hogares no llegan a fin de mes, según Cáritas.

Según el informe 2017 de Cáritas, siete de cada 10 hogares siguen sin poder llegar a fin de mes. El 70% de los hogares no ha percibido los efectos de la recuperación económica. En los hogares bajo el umbral de la pobreza, sólo un 9% percibe que la recuperación económica ha mejorado sus condiciones de vida. La mitad de las familias (50,1%) carecen hoy en día de una red de seguridad. Mientras, Unidos Podemos aspira a remediar la pobreza infantil dándole a cada niño pobre la fastuosa ayuda de 50€ al mes.

El lodo de la corrupción que enfanga la vida política de este país conlleva un daño colateral: oculta bajo su apestoso manto las dificultades a las que se enfrentan a diario los millones de personas que sufren los efectos directos de la crisis económica. Durante la última década, la clase política, empresarial e institucional de España, con la colaboración de los medios informativos que controla, ha escrito una de las páginas más negras de la Historia General de la Infamia. Es la historia del abandono a su suerte de la gente más desfavorecida.

Porque la crisis económica provocada por los manejos delicuenciales de los gestores de la banca ha puesto de relieve que la regla de oro del capitalismo, que fundamenta el beneficio en la asunción del riesgo por parte del empresario, no se cumple. Al menos por lo que respecta a las grandes corporaciones y conglomerados monopolísticos. Aquí se ha ayudado con dinero público a la banca, a las eléctricas, a las constructoras, a las autopistas, en vez de ayudar a las capas más débiles de la sociedad sobre las que ha recaído el verdadero coste de la crisis. En lugar de castigar a los banqueros, se ha castigado a la gente: a los trabajadores, a los parados, a los pensionistas más humildes.

Desde el Gobierno, Mariano Rajoy, jefe orgánico del partido que alberga a la banda de corruptos y saqueadores de lo público, intenta convencernos de que la crisis económica ha terminado. Sea ello cierto o no en términos macroeconómicos, Cáritas española, la organización socio-caritativa de la Iglesia católica, denuncia que siete de cada 10 hogares españoles no han notado los esfuerzos de la recuperación económica y apenas un 10% de las familias han visto mejorar su situación.

En su informe Análisis y perspectivas 2017, la Fundación Foessa ligada a Cáritas continúa ofreciendo la serie de análisis sociológicos que viene publicando desde hace décadas. En su edición de este año, dedicado a la 'Desprotección social y estrategias familiares'. Durante la presentación, el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, sintetizó así los datos del informe de su entidad: "Hemos naturalizado la pobreza. Hemos normalizado que la gente lo pase mal. Nos hemos desmoralizado [...] Las personas excluidas no están en el debate público, no son una prioridad. Hablamos de corrupción, de liderazgo político, de los extremismos en Europa, del terrorismo islámico... Son temas de calado y profundidad, pero también la situación de las familias pobres" subrayó Mora.

De hecho, el informe constata cómo tres años después del "fin de la crisis", el 70% de los hogares no ha percibido los efectos de la recuperación económica. En los hogares bajo el umbral de la pobreza, sólo un 9% percibe que la recuperación económica ha mejorado sus condiciones de vida. "Los que más sufrieron la crisis, son los que están, hoy, peor".

El documento de Foessa señala que sólo el 27% de los hogares de nuestro país están experimentando los efectos de la recuperación económica, aunque la evolución en las condiciones de vida prácticamente no se notan. Así, la mitad de las familias (50,1%) carecen hoy en día de "una red de seguridad", un dato peor que antes de la crisis; seis de cada diez ciudadanos no tienen capacidad de ahorro, ni podría resistir a una nueva crisis, o hacer frente a una reforma en su casa. Seis de cada diez hogares siguen sin poder llegar a fin de mes. Sólo un 20% podría aguantar tres meses en paro.

En cuatro de cada diez familias españolas ha empeorado la capacidad para hacer frente a problemas de salud no cubiertos por el Sistema Nacional de Salud, pagar refuerzos educativos a los hijos, afrontar el pago de recibos energéticos o garantizar la estabilidad en el empleo o los ingresos de algún miembro de la familia. En ninguno de los 17 indicadores utilizados por los analistas se supera el 10% de hogares que hayan experimentado una evolución positiva respecto a 2008, el año en el que nadie hablaba de crisis en España. 

Señala el informe, en su editorial, un aspecto coincidente con la tesis genérica que viene siendo defendida por el autor de este blog, tanto en esta página como en otras obras:

Sabemos que el empleo es una herramienta fundamental en el proceso de integración social. Pero su debilidad, tanto cuantitativa como cualitativa, le está convirtiendo en una estrategia cada vez más relacionada con el sobrevivir y menos con el bienestar. Cuando las personas van perdiendo cada vez más su capacidad de maniobrabilidad en el mercado de trabajo (elección, control del tiempo, carrera profesional, cualificación…)el empleo tiende a ser para las capas de población más precarizadas, más supervivencia y menos desarrollo. La sociedad española es ya consciente de la existencia de trabajadores y trabajadoras pobres, que antes de la crisis estaban muy vinculadas a la temporalidad y a la economía sumergida, y que ahora han aumentado también sus vínculos con la parcialidad y los cambios en la regulación laboral.

La confirmación de esta realidad, subrayamos a nuestra vez, conduce a buscar alternativas al empleo concebido como un fin en sí mismo. El informe Foessa no contempla en ningún momento la Renta Básica Universal que, tal como están las cosas, aparece cada día con mayor nitidez como el sistema menos malo para remediar la pobreza. El resto: el asistencialismo y el empleo precario han demostrado su fracaso más estrepitoso. En cuanto al ‘empleo digno' o ‘garantizado' para la mayoría de la población es una entelequia en la era de Cuarta Revolución Industrial, caracterizada por una robotización a gran escala.

La pobreza afecta de manera significativa a la infancia. En ese sentido, el partido Unidos Podemos acaba de presentar una propuesta para ayudar a los niños pobres. "Un país que no se ocupa de la infancia y sí de los bancos o los corruptos, tiene un problema con la democracia", asegura Iglesias, secretario general de Podemos. Un bonito discurso, pero el demonio está en los detalles. Porque lo más sorprendente del plan consiste en garantizar por ley 1.200 euros al año a los niños pobres "una medida que quiere "sacar de la pobreza severa a 800.000 menores" en cuatro años.

¿De verdad es este un plan para acabar con la pobreza infantil o un mísero parche destinado a perpetuarla? El plan comenzaría ofreciendo 600 € anuales (50 al mes) los dos primeros años; 900 € (75 al mes) el tercer año, para llegar, el cuarto año, a los 1.200 € (100 al mes). No hará falta que les diga que cuando esta formación jugueteó de manera frívola con la Renta Básica [todavía hay mucha gente que no lee los programas y piensa que Podemos mantiene esa propuesta] utilizaban los parámetros OCDE que sitúan el umbral de pobreza en torno a 600 euros mensuales. ¿Cree alguien en su sano juicio que con 100 euros al mes, que en el mejor de los casos llegarían en 2021, van a solucionar la pobreza.

Por favor, que alguien lo aclare. Díganme que sólo es una broma, una broma de pésimo gusto, cruel, pero tan sólo una broma. Porque, si es verdad que el partido político que tanto enfatiza (ahora) su ideario de izquierda no tiene otro plan mejor para acabar con la pobreza infantil, la sensación que nos invade es el llanto.

Renta Básica: en la universalidad está la clave

Persisten dudas respecto a que la renta básica universal sea una adecuada solución a la pobreza y desigualdad crecientes en nuestra sociedad. Pero la realidad palpable demuestra que el empleo precario —que convierte a los trabajadores en pobres estructurales— y las ayudas condicionales —que llevan décadas aplicándose y no han conseguido erradicar la pobreza— son medidas muchísimo peores. Son, de hecho, experiencias fracasadas. Es hora de abrir la mente, comprender las nuevas realidades del trabajo y la idea de libertad real que alienta en la propuesta del ingreso garantizado.

Participar en el debate convocado por la IMF Business School sobre Renta Básica Universal (RBU) resultó muy estimulante, pese a hallarme en franca minoría en la defensa de esta idea. Porque resulta alentador comprobar que, al margen de algún cálculo extremo, al selecto elenco de economistas allí reunido el coste de instaurar un ingreso garantizado a toda la población no les parecía del todo inasumible. Una vez compensadas las prestaciones actuales redundantes con el ingreso básico, éste podría ser viable, requiriendo un 5% del PIB. Sin embargo, casi todos mis compañeros de mesa coincidieron en rechazar la RBU con la tradicional batería de objeciones de índole antropológico y moral. 

 De izquierda a derecha, Cive Pérez; J. Manuel López Zafra, economista de CUNEF; Lorenzo Dávila, director del Dpto de Investigación de IMF; Miguel Sebastián, economista y ex ministro de Industria; y Carlos Martínez, presidente de IMF.

"Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre...", reza la letra de una vieja canción de Joan Manuel Serrat. Cuyos ecos vinieron a mi fuero interno al escuchar la nutrida batería de críticas formuladas por mis doctos compañeros de debate y, sobre todo, por los rotundos resúmenes de la prensa económica que dio cuenta del evento con titulares de este tenor: Más contras que pros a la renta básica universal.

Titular que responde a una profecía autocumplida, habida cuenta de que, salvo el que suscribe, el resto de convocados a esta mesa redonda son personas cuya posición es manifiestamente contraria a la RBU. Que cuando incluso los números demuestran la viabilidad de la propuesta, la rechazan con el argumento de que desincentivaría el trabajo.

¿Trabajo? ¿Qué trabajo desincentivaría un ingreso garantizado? ¿El empleo precario, que convierte a los trabajadores en pobres a su pesar? Las grandes cifras de desempleo estructural no las ha producido la hoy inexistente RBU. ¿El empleo cualificado que las nuevas tecnologías reservarán a una minoría? Estamos, pues, cada vez más cerca del modelo que hace tiempo se ha descrito como Sociedad 20-80, en la que bastará el trabajo de alrededor del 20% de la población activa para hacerla funcionar. Esa minoría de trabajadores cualificados será suficiente para asegurar el control de las máquinas y los procesos productivos. El 80% restante de la población sólo tendrá acceso a empleos de bajísima cualificación, serviles en su mayoría, o se verá condenada al desempleo estructural. 

Es preciso que, entre todos, logremos salir de la zona de confort ideológico sobre la noción de trabajo en la que todavía sigue instalado el pensamiento convencional: trabajo como vía de dignificación del ser humano / empleo como solución política a la pobreza. Porque empleo y trabajo son categorías conceptuales radicalmente distintas. En la era de la Cuarta Revolución Industrial, cuando el actual modelo productivo ya no es capaz de ofrecer empleo digno a toda la población, está claro que habrá que garantizar la supervivencia de las personas respetando al mismo tiempo su dignidad.

La única fórmula que, hoy por hoy, satisface la doble condición de asegurar la supervivencia y la dignidad de la gente es la Renta Básica Universal. Al igual que la democracia, pese a todos sus defectos, elimina al menos los males producidos por las dictaduras, el ingreso garantizado abre ante la mayoría de la población un horizonte de libertad real frente a la opresión liberticida del totalitarismo económico.

Resulta, por tanto, llamativa la objeción a la RBU planteada por Juan Manuel López Zafra, uno de los intervinientes: “La mejor forma es darle a cada individuo la capacidad para ser responsable de su desarrollo personal. No es ético plantearnos una mayor intervención en la esfera del individuo para conseguir una corrección de un problema sin atacar la fuente de ese problema: la cada vez mayor intervención del Estado. Con la renta básica, el ciudadano se convierte en un súbdito”.

Presumir que la RBU incrementaría el grado de intervención del Estado en la vida personal sugiere, prima facie, la sombría y distópica visión de una sociedad en la que, para recibir la RBU, todas las personas deberíamos acudir periódicamente a las ventanillas de Leviatán. Que extendería así al conjunto de la población tanto el dominio como el estigma que hoy sufren los beneficiarios de la moderna sopa de convento que con gran cicatería otorgan las administraciones no a todos los necesitados.

En efecto, desde las Leyes de Pobres (Poor Laws) inglesas del siglo XIX —con sus tenebrosos centros de internamiento forzoso de parados e indigentes (workhouses)— hasta la fecha, las ayudas condicionales a la gente en situación de necesidad sí que constituyen un factor de servidumbre y dominación por parte del Estado sobre las personas. Sometidas a grandes humillaciones durante el proceso de concesión, vigilancia y eventual castigo de infracciones al régimen de ayudas.

Pero es la propia idea de universalidad de un ingreso básico que garantice a todo el mundo el derecho a la existencia la que rompe radicalmente con esa dependencia. Aspira a incrementar el grado de libertad real eliminando la intervención vigilante y punitiva del Estado. La RBU está concebida no como una ayuda del Estado sino como fruto de un contrato social entre todos los individuos que conforman la comunidad política. Su instauración adoptaría la forma de un derecho universal, igual para todas las personas incluidas en ese ámbito. La clave liberadora radica en la universalidad: pues, a partir de ahí, los agentes estatales pierden la actual potestad discriminatoria e intervencionista sobre los individuos. Al Estado no le queda otra misión que la de asegurar la correcta distribución del rédito.

¿Somos dependientes del Estado al utilizar una carretera? A juzgar por el entusiasmo con que tirios y troyanos circulamos por ellas en nuestros vehículos habría que forzar mucho el argumentario para asegurar que el Estado controla nuestra libertad de movimiento a través de la red vial. Una carretera es una infraestructura construida a instancias del Estado y puesta a disposición de toda la población como un servicio de carácter universal que a nadie discrimina. El único control ejercido por el Estado sobre las personas concierne al respeto de las reglas de juego orientadas a la seguridad de todos los usuarios. Y en esto hay un consentimiento general del conjunto de la sociedad. 

Por cierto, no está de más señalar que, si alguna detestable intromisión existe hoy en la vida personal, ésta viene dada por las cámaras de vigilancia, tanto estatales como privadas, que monitorizan la vida diaria de las personas en carreteras y resto de espacios públicos, bancos, centros comerciales, etc. Y que un genuino espíritu liberal debería clamar por su eliminación.

Elevando la mirada encontramos otra medida de conspicuo carácter universal: el derecho al sufragio, una conquista civil irrenunciable. En el ejercicio del mismo, a nadie se le ocurriría pensar que sufre una dependencia del Estado, aunque sean agentes estatales los encargados de organizar la infraestructura electoral y velar por el buen orden de los comicios.

De la misma forma en que hoy no sería de recibo establecer alguna forma discriminatoria en el ejercicio del voto, la RBU no puede ser otra cosa que un derecho de toda la ciudadanía. Sería contradictorio que una medida que persigue erradicar la pobreza —y su cortejo de trampas asistenciales— fuera concebida con carácter exclusivo para pobres. Esa es la crucial diferencia respecto a las rentas mínimas de inserción. El miembro de una sociedad políticamente bien articulada no necesita ser “insertado” en ningún lugar, pues forma parte, por propio derecho, del cuerpo social del que emana la soberanía que legitima al Estado.

La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra.  Cuando para la conquista del pan ya no cuenta ni la tierra ni el trabajo, factores de los que la mayoría social se ha visto desposeída, la renta básica universal se aproxima más a la verdad que los viejos convencionalismos socioeconómicos.


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 Una versión reducida de este artículo aparece en la revista Corresponsables.