sábado, 28 de diciembre de 2013

Un Gobierno canallesco


Congelar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), uno de los más bajos de la Unión Europea, no tiene ningún sentido económico. Ni ayuda a la reducción del déficit. Sólo expresa la baja estatura moral de un Gobierno formado por auténticos canallas.
  
Alguien me comentó hace poco su impresión de que cualquiera de los actuales miembros del Gobierno podían muy bien haber sido ministros del sanguinario dictador Francisco Franco. El comportamiento y hechos de los distintos personajes de este gabinete ministerial parece corroborar esa observación. Hace poco escribí aquí que no todos los votantes del PP son fascistas, pero que no iría del todo descaminada la hipótesis de que los fascistas que hay en España están dentro del Partido Popular. Hoy apuntalo esa opinión afirmando, con plena rotundidad y convicción, mi sentimiento de que estamos en manos de un Gobierno canallesco, o si se prefiere, formado por canallas. Es decir, por gente baja, ruin, despreciable y de malos procederes, según define el DRAE a esta ralea.

Porque cada actuación, cada medida y cada manifestación verbal de estos ministros es una auténtica canallada, un insulto a la dignidad ciudadana, un fraude a la mayoría de sus propios votantes y una agresión a los derechos y condiciones de vida de las personas más débiles de nuestra sociedad. 
 

En este sentido, también hace dos años escribí en este cuaderno que la congelación del Salario Mínimo Profesional (SMI) era la primera canallada cometida por el Gobierno de Rajoy. Canallada en la que persevera el último consejo de ministros celebrado en 2013, que ha vuelto a congelar el SMI, estancado en 645,30 euros al mes.

Escribía entonces, que da la puñetera casualidad de que el Salario Mínimo Interprofesional no es un gasto que afecte a los presupuestos del Estado, como es el caso del Iprem. No hay policías, soldados, maestras, jueces, catedráticas, médicos, enfermeras, parlamentarios, reyes... y resto de profesiones a sueldo del Estado retribuidos con una paga tan humilde como el SMI. Un nivel salarial que perciben sólo alrededor de 135.000 personas empleadas en el sector privado. Por lo tanto, la congelación del SMI no contribuye a la reducción del déficit público. Responde, única y exclusivamente, a esa miserable opción ideológica que impregna al Partido Popular en el sentido de que no deben existir salarios mínimos.

Por si pudiera interesar a alguien, el resto del artículo mantiene plena vigencia. Sólo el profundo asco que me inspira esta banda canallesca que nos extorsiona (decir 'gobierna' sería inexacto) se ha incrementado hasta la enésima potencia.

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Salario Mínimo en Francia:  1.425 euros

miércoles, 11 de diciembre de 2013

A la ciudadanía ya no le queda otra salida que la desobediencia civil

No contento con su proyecto de ley mordaza de la libertad de expresión y manifestación, el Partido Popular, en su abierta ofensiva contra los derechos civiles, acaba de privatizar también la seguridad en las calles. A partir de ahora, cualquiera de esos vigilantes privados, de escasa formación y aspecto de sheriff hortera, podrá exigirle a usted que se identifique, cachearle e incluso detenerle.
                   

Coincidiendo, para más inri, con el aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, el Congreso, con el voto mayoritario de la derecha (PP, CIU, PNV) acaba de aprobar la Ley de Seguridad Privada. Que incluye un insultante apartado que permite a los agentes privados identificar e inmovilizar a personas en la calle y espacios públicos.



Esta disposición atenta contra la más elemental noción de los derechos civiles. Cuando estoy en la calle soy un ciudadano, una persona pública en la que ninguna fuerza privada puede interferir. Sólo los agentes de Leviatán, debidamente identificados e uniformados, y ajustándose estrictamente a una ley que garantice mis derechos civiles, pueden dirigirse a mí. Que en contrapartida tengo el derecho a dirigirme a los responsables de las políticas de Orden Público en caso de que algún miembro de las fuerzas estatales se sobrepase en sus funciones. Algo que, lamentablemente, abunda en los últimos tiempos.

Por su parte, las empresas tienen el privilegio de encargar la seguridad interna de sus recintos comerciales a vigilantes privados. Y a mí me asiste el privilegio de no entrar en tales establecimientos si considero que la actuación de sus guardianes es abusiva o, directamente, no me agrada moverme entre uniformes cuando me dispongo a "disfrutar" como consumidor el dinero que obtuve por la venta de mi tiempo de trabajo al capital. Pero la calle es de todos, es el espacio natural de convivencia, cuya seguridad no puede quedar abandonada en manos de cuerpos mercenarios. Generalmente mal pagados y peor formados que, sin estar sujetos a la disciplina estatal, se convierten en claros elementos perturbadores de la civilidad. Porque la brutalidad policial puede ser refrenada cuando sus mandos sirven al interés común. Pero los miembros de los cuerpos mercenarios acaban siendo unos incontrolados.

Si unos gobernantes, como los del Partido Popular, transfieren a grupos privados poderes, como la guarda del Orden Público, que sólo corresponden al Estado, traicionan el mandato que les otorgaron los ciudadanos. Se sitúan contra ellos y, conforme a los principios de Locke que informan la doctrina liberal del consentimiento, abren el paso a la rebelión legítima, (re-bellum) es decir, al regreso al estado de guerra de todos contra todos que el pacto político pretende evitar.

En la indeseable perspectiva de tener que vivir bajo el terror en unas calles invadidas por el pistolerismo, a los ciudadanos ya sólo nos queda el recurso a la desobediencia civil. Porque lo siguiente, sería armarnos también nosotros.


Llamo desde aquí a constituir grupos de autodefensa legal, con la participación de abogados, defensores de los derechos civiles y resto de ciudadanos con sentido del decoro.

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Participación en el programa Carne Cruda: Manual de Desobediencia Civil. 
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Matt Damon: "El problema es la obediencia civil"






8/1/2014: Dos vigilantes de un hipermercado de Torrevieja han golpeado a un matrimonio de turistas franceses. Uno de sus dos hijos graba la agresión a escondidas. La pareja explica que cuando llegaron a la caja sonó la alarma. Los vigilantes les pasaron varias veces un detector sin encontrar nada, por lo que les llevaron al cuarto de seguridad, donde volcaron violentamente el bolso de la mujer. Allí les retuvieron, escupieron y golpearon. Ni el hipermercado ni la empresa de seguridad donde ocurrió la agresión han querido dar su versión.

Ver video a través de este enlace

domingo, 1 de diciembre de 2013

¿Qué es la Desobediencia Civil? edición en México

La coincidencia del nombre —Plaza de Santo Domingo— con la homónima plaza madrileña, hizo que, al rebotar la noticia en blogs y Twiter, algunas personas creyeran que se trataba de una presentación del libro en Madrid. Cuando, en realidad, tuvo lugar, el pasado día 1-D, en Ciudad de México, Distrito Federal.


Un aspecto de la presentación del libro Qué es la Desobediencia Civil en la plaza de Santo Domingo, México D.F.
Uso Twiter con mesura, pues no poseo ni apetezco tener por ahora, uno de esos encantadores telefonillos portátiles que permiten estar en permanente conexión con el mundo mundial. Pero uso Twiter, y por esa vía me llegó un mensaje: @civeperez Vamos a imprimir tu libro Qué es la desobediencia civil en México. Nos queremos poner de acuerdo contigo.

Tras la inicial sorpresa, me puse en contacto con el remitente, con el fin de ver el asunto con mayor detalle. De inmediato recibí un correo-e de Gerardo Fernández Noroña en los siguientes términos:

Estimado Cive Pérez:
Soy un político mexicano, que está recorriendo el país promoviendo la desobediencia civil. Estoy convencido que debemos correr a Peña Nieto, quien es presidente la República, y pretende entregar la mayor riqueza natural que tenemos: nuestro petróleo. Estoy convencido del camino de la lucha no violenta y del poder de la desobediencia civil y busco despertar la claridad en la gente de que ejerza ese poder que tiene y que no se da cuenta. En ese marco, he recomendado muchísimo tu libro, el cual me parece muy bueno. Sin embargo, es inaccesible para la gente. El libro se consigue en la librería "El péndulo" de la Ciudad de México y en ningún otro lugar, que yo sepa. Tiene además el mismo costo que en España, el equivalente en euros, con la diferencia que en nuestro país la gente gana $ 60 al día: Es el equivalente a tres euros.


Por si esto no fuera suficiente, la gente no está leyendo, tenemos el lugar 107 en 108 países en nivel de lectura. Hasta un libro como el que escribiste, que se lee en una sentada, a la gente le lleva bastante esfuerzo, lamentablemente.

 

El argumento del poder adquisitivo local era abrumador, y abonaba la solución de efectuar una edición a un precio por ejemplar de $ 30 (aprox 1.50 €). Faltaba resolver la cuestión relativa a los derechos de edición, cedidos a la editorial que ha publicado la edición española. Aspecto que fue solventado gracias a la excelente disposición de Miguel Riera Montesinos, editor de El Viejo Topo.
 

Así, a la velocidad del viento que parece llevar en volandas a Gerardo Fernández Noroña, empezó a tomar cuerpo la edición mexicana de ¿Qué es la Desobediencia Civil? Preguntas (y respuestas) más frecuentes, gestionada a velocidad de vértigo en apenas un mes.





Personalmente, me siento muy honrado ante la posibilidad de que mi librito pueda llegar a los sectores populares de ese gran país con el que España democrática contrajo una gran deuda. México brindó generosa acogida a muchos republicanos obligados a marchar al exilio tras implantarse la ominosa dictadura que presidió un negro periodo de nuestra historia reciente. Nada podría satisfacerme más la posibilidad de que este modesto breviario, que recoge la esencia de los principios de la Desobediencia Civil, fuese de utilidad para la ciudadanía mexicana que lucha por la democracia y el poder de decisión de los pueblos contra las arbitrariedades y dictaduras 'de facto' de las grandes oligarquías locales y mundiales.

Fernández Noroña está presentando el libro justo en el marco adecuado: en las plazas públicas, escenario donde se articula la Política, con mayúscula, como resultado del debate de la ciudadanía. Con singular resultado, pues me informan de que, sólo en el mítin de Santo Domingo, se vendieron 350 ejemplares. Ninguno de los actores que intervenimos en este invento nos haremos ricos, pero nos quedará la satisfacción de haber agitado la conciencia ciudadana animando a la gente a ejercer lo que el filósofo, naturalista y escritor estadounidense Henry David Thoreau, el primero que ejerció esta vía política, consideró un deber cívico:

En el verano de 1846, Thoreau fue detenido y encerrado en la cárcel local de Concord (Massachussets) por negarse a pagar el poll tax, o contribución urbana. Adujo, entre otras razones, su negativa a colaborar con un Estado que mantenía el régimen de esclavitud y emprendía guerras injustas. Refiriéndose, en concreto, a la que en aquel momento había declarado había declarado Estados Unidos de América a Estados Unidos Mexicanos. Este episodio le impulsó a escribir Resistance to Civil Government, un inicial alegato cuyo texto adaptaría más adelante a una conferencia Sobre el deber de la desobediencia civil. Tras sucesivas correcciones, en 1866 se publicó como un ensayo con el título definitivo de Desobediencia Civil.


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La primera edición se agotó con gran rapidez, vendiéndose los últimos ejemplares en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México). Una nueva tirada se encuentra ya en imprenta. 





sábado, 23 de noviembre de 2013

No he de callar por más que con el dedo...

No he de callar, por más que con el dedo, | ya tocando la boca, o ya la frente, | silencio avises, o amenaces miedo.
¿No ha de haber un espíritu valiente? | ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? | ¿Nunca se ha de decir lo que se siente?
                           Francisco de Quevedo y Villegas.

Aunque el DRAE, en su tercera acepción de la voz fascista, admite el uso para calificar al que es excesivamente autoritario, no acostumbro a utilizar esa palabra a la ligera. Hay mucho hideputa por ahí que no es necesariamente fascista. A cada cual, lo suyo.

Fascista es algo más que autoritario. El fascismo es la ideología a la que se adhieren los mediocres y los cobardes. Mediocres cuyo cerebro no es capaz de procesar, y entender en su justa dimensión, la grandeza de la acción política como expresión del ser humano que vive en comunidad y genera discurso en clave ciudadana. Mediocres que buscan disimular su mediocridad vistiendo parafernalias uniformadas, o ingresan en cuerpos uniformados para satisfacer sus bajos instintos. Mediocres y cobardes que sólo cuando se agrupan en manada y ganan en número se atreven a salir a la calle a machacar a quienes no opinan como ellos.

No hay 10.830.693 fascistas en España, aunque ese fuera el número de votos que recibió el Partido Popular en las elecciones que lo llevaron al poder hace dos años. Pero no iría del todo descaminada la hipótesis de que los fascistas que hay en España, sea cual fuere su ínfimo número, sí están dentro del Partido Popular. Que alberga en sus filas a fascistas, fascistoides y fachillas de vía estrecha. 

De otra forma, no se explica esa intención del Gobierno de introducir en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana una serie de medidas encaminadas a limitar, mitigar y reducir el derecho civil de protesta. Lo que el Gobierno pretende es convertir los escraches, la grabación y difusión de imágenes de policías en acto de servicio, las protestas sin permiso ante el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos y los tribunales en faltas administrativas "muy graves".

Dado que sería muy difícil que un tribunal considerase la toma de fotografías en el curso de una manifestación como un delito, la intención del Gobierno es la de tratar este asunto por la vía administrativa. Contemplando como infracción "muy grave" -sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros- el uso y la distribución de imágenes de los policías "en plena faena".
 

Hay que ser tonto de remate o fascista redomado para pensar que amenazando con una ley de esta índole van a silenciar las protestas. El desempleo, las reformas laborales, los recortes en sanidad, educación y pensiones empujan cada día a miles de ciudadanos hacia el lado oscuro de la sociedad. Y a una persona que no tiene ya nada que perder no le van a asustar las multas, por desorbitada que sea su cuantía. ¿Sancionarán con 600.000 euros al desahuciado que no tiene bienes embargables, al precario que gana un sueldo miserable, al jubilado con una pensión por debajo del umbral de pobreza?

El comisario de derechos humanos del Consejo de Europa -la organización que agrupa a España y a otros 46 países europeos-, Nils Muiznieks, ha manifestado su "seria preocupación" por el impacto que podría tener la nueva ley en los derechos fundamentales de los españoles. La Ley de Seguridad Ciudadana que propone el Ejecutivo de Mariano Rajoy es "desproporcionada" y va en contra del derecho de reunión y manifestación, ha afirmado.
Lo que una ley de este tipo sí podría conseguir es que las protestas dejasen de ser pacíficas. Me explico: recurrir una multa de estas dimensiones por la vía del contencioso administrativo puede suponer 2.000 euros solo en tasas, mientras que por lo penal es gratis.

Entonces, habida cuenta de que se nos enseña a pensar en términos económicos y no políticos, podría ser que alguien razonara de la siguiente manera: si por hacer una foto de un policía zurrando al personal me cae una multa de 600.000 euros y recurrirla cuesta 2.000 euros, mejor le atizo una pedrá que lo crujo, lo que deja de ser falta administrativa y constituye un delito. Por el que me detienen y me juzgan sin que me cueste un céntimo. En el peor de los casos, me encierran algunos años en la cárcel, estancia que reduzco realizando estudios, y al salir de la trena me pagan el subsidio de 426 € estipulado para los egresados de prisión.

Los policías deberían comenzar a preocuparse. Con la nueva ley podría darse la circunstancia de que, en vez de hacerles fotos, se encuentren con alguien que les diga: "No es nada personal, sólo negocios".




Por cierto, ¿qué cuantía tendrá la multa que sancione el uso de una excavadora para achuchar a la policía, como hacen los manifestantes en Ucrania? 




jueves, 14 de noviembre de 2013

Un euro en el bolsillo de un pobre compra más que un euro en el bolsillo de un rico


La secretaria de Estado Montserrat Gomendio afirmó, sin despeinarse, que una beca de100 euros al mes no es mucho dinero. Lo cual es cierto, por lo que debería buscar la forma de incrementarla, en vez de suprimirla, como ha hecho, con manifiesto desprecio hacia los perceptores.

La penúltima tropelía cometida por el ministro Wert,  obligado a rectificar aunque sólo en parte su propósito de suprimir la dotación a las becas Erasmus a miles de estudiantes, ha venido acompañada de una flagrante muestra de insensibilidad por parte de Montserrat Gomendio Kindelan, secretaria de Estado de Educación y actual pareja sentimental de Wert.

Al aire de la gran protesta en el ámbito estudiantil, Gomendio afirmó sin despeinarse que 100 euros al mes no es mucho dinero. Según para quién, debe matizarse. Pues la utilidad marginal crece más rápidamente en el caso del individuo pobre, para el que una unidad monetaria adicional significa mucho más de lo que supone para un rico. Para una persona rica, un euro añadido apenas tiene poder adquisitivo, mientras que, para una persona en situación de necesidad, ese mismo euro significa poder comprar una barra de pan.

Corolario: un euro en el bolsillo de un rico compra menos que un euro en el bolsillo de un pobre. O viceversa.


José Ignacio Wert, ministro de Educación, y su actual pareja, Montserrat Gomendio Kindelán, secretaria de Estado de Educación

Puede que gente como Monserrat Gomendio no se moleste en agacharse si ve un euro en el suelo. En su declaración jurada de alto cargo dijo tener propiedades por valor de 14,5 millones de euros (2.407 millones de pesetas). En el proceso de divorcio de Gomendio del que ha sido su marido durante los últimos veinticuatro años está en juego un ingente patrimonio: una casa en Pozuelo de Alarcón y un piso en la calle Joaquín Costa de Madrid. Ambas propiedades estarían valoradas en más de 1,5 millones de euros. También una vivienda en Londres y otra en Cambridge, donde la Secretaria de Estado cursó parte de sus estudios universitarios, con un precio de mercado de unos 3 millones de euros. Por último, varias fincas en Almería, una de las cuales podría superar por sí sola los 20 millones de euros.

A diferencia de muchos compañeros de profesión, esta bióloga es una persona bastante rica. Cuya fortuna no discutiremos aquí, salvo que haya sido obtenida por medios ilícitos o explotadores de terceros. Sí criticaremos el hecho de que altos cargos, como Gomendio, se permitan despreciar cómo vive la gente humilde. Cuyo número aumenta a marchas forzadas por la gestión socialmente depredadora del Gobierno para el que trabaja.

Es triste que, puesto que en los confortables sillones del Consejo Definidor de las Necesidades de la Gente no se ha invitado a sentarse a las personas más desfavorecidas, éstas han de resignarse a ver cómo la cobertura de las necesidades mínimas para llevar una vida digna son definidas por otros. Y queda demostrado el riesgo social que supone dejar que sean los ricos —o sus  administradores— los que se encarguen de evaluar las necesidades ajenas. Pues es propio de la condición humana utilizar distinta vara de medir las necesidades según se trate de las propias o de las del prójimo.

Hay bastante gente que, sin pertenecer a la clase de los grandes potentados, dispone de sobrada holgura en el bolsillo. Y suele coincidir que aquél que manifiesta con toda naturalidad que “Necesito unas nuevas botas de esquí para la temporada”, sea de los que cuestionan con acritud que los servicios de asistencia social paguen rentas condicionales a otro tipo de necesitados. Rentas, por cierto, cuya cuantía es inferior al precio de un par de magníficas botas para el deporte blanco.


Me permito insistir en las reflexiones de Nicolas de Condorcet expuestas en los dos artículos precedentes. 


miércoles, 30 de octubre de 2013

La protección social es una exigencia del progreso humano

  Recorriendo la historia de las sociedades, habremos tenido ocasión de hacer ver que, con frecuencia, existe un gran intervalo entre los derechos que la ley reconoce a los ciudadanos y los derechos de los cuales pueden disfrutar realmente; entre la igualdad establecida por las instituciones políticas y la que existe entre los individuos.
 Nicolas de Condorcet


Estas diferencias, según Nicolas de Condorcet, tienen entre sus causas principales: la desigualdad de riqueza y la desigualdad de estado entre aquellos que tienen asegurados los medios de subsistencia y pueden transmitirlos a su familia, y la de aquellos otros para los que estos medios dependen de la parte de su vida en la que son útiles para trabajar. En l'Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, Condorcet considera que la creación de medios encaminados a posibilitar el acceso real de todas las personas a los derechos sociales mínimos —lo que hoy conocemos como protección social— es una exigencia del progreso humano.

La pobreza que sufren millones de personas en el seno de los países más desarrollados no es el resultado de errores individuales cometidos al participar en el terreno de juego económico. Por supuesto, hay empresarios con capacidad inversora que eligen mal el objeto —industrial, comercial o especulativo— en el que invierten su capital, obteniendo un resultado desastroso que los conduce a la ruina. Pero esa capacidad de elegir no está al alcance de toda la población. En el imperio del capitalismo financiero, sólo una minoría tiene acceso al casino donde se decide la suerte económica. Pues para ser admitido en la mesa de juego hay que llevar algo de dinero en el bolsillo. De lo que se extrae un cínico corolario: los pobres son pobres porque no invierten.
 

El trabajador empleado por cuenta ajena no se queda en paro por voluntad propia, lo habitual es que pierda el empleo al ser despedido por el propietario del mismo. Tampoco el jubilado que percibe una pensión mínima es pobre por haber elegido desempeñar en esta vida el papel de la ociosa cigarra de la fábula de Mandeville, sino porque las leyes que regulan las pensiones fijan cuantías indignas e indignantes en las escalas más bajas. 

En el caso español, la mayoría de los ancianos que reciben hoy una pensión por debajo del umbral de pobreza pertenecen a una generación de perdedores en el más amplio sentido. A todos aquellos que no formaron parte de las filas del bando nacional vencedor en la Guerra Civil no les quedó otra alternativa que la de trabajar en los peores oficios, duros y malpagados, que cotizaban en la escala más baja de la Seguridad Social. Al cabo de largas décadas de entrega al trabajo, se vieron luego obligados a afrontar la vejez con esas bajísimas pensiones cuyo importe no alcanza siquiera para costear una residencia en caso de no poderse valer por sí mismos.
 
Concedamos que las leyes de Asistencia Social fueron hechas en su momento con la mejor intención benefactora. Y que sus redactores intentaron de buena fe paliar con ellas la precariedad de la gente menos favorecida. Pero estas leyes dejan demasiadas puertas abiertas a la ambigüedad interpretativa de los encargados de aplicarlas. Aquéllos que deciden “quién es pobre y quién no lo es” no siempre actúan desprovistos de prejuicios, lo que provoca tremendos fallos en la cobertura del sistema de protección social. Esa ineficiencia se traduce en un daño inferido al propio bien que se pretende proteger, es decir, las personas.

A estas alturas está sobradamente demostrado que la pobreza no es una consecuencia a posteriori de los actos del individuo, sino una condición a priori de un sistema manifiestamente injusto. Luego, mejor prevenir que curar, es preciso invertir el sentido de la acción protectora neutralizando, mediante una iniciativa previa (ex ante), esas ineficacias del sistema que acarrean efectos negativos sobre las personas.

    Cambiar de manera radical el sistema de prestaciones básicas supone convertir las actuales rentas mínimas de indigencia en una renta de existencia garantizada para todas las personas del país. La diferencia de concepto es sustancial, pues, mientras que las ayudas a la pobreza se conceden si, y sólo si, el solicitante demuestra ser pobre, el derecho a la existencia ha de reconocérsele a toda la ciudadanía. Una forma de eliminar esa ambigüedad productora de precariedad que late en toda ley de Asistencia Social condicional es establecer por ley el mandato imperativo de que todos recibirán un ingreso mínimo. De manera que el derecho prevalezca sobre el prejuicio.
 


martes, 29 de octubre de 2013

Nicolás de Condorcet: sobre el progreso del espíritu humano

Asistir a los pobres en su desamparo es una obra de caridad o de filantropía, pero la asistencia no elimina las diferencias sociales ni las causas que las motivan. Y eso choca con el progreso de la condición humana al que aspiraban los grandes pensadores de la Ilustración. Entre ellos, el filósofo, matemático y político francés Nicolas de Condorcet


Alumno del enciclopedista D’Alembert, Marie-Jean-Antoine Nicolas de Caritat, marqués de Condorcet (1743-1794) fue nombrado inspector general de la Moneda gracias a su amistad con Anne-Robert-Jacques Turgot, ministro de Finanzas de Luis XVI. A partir de ese momento, Condorcet desplaza su interés desde las matemáticas, en las que había destacado por sus trabajos sobre el cálculo integral, a la filosofía y la política. Receptor de las ideas innovadoras que llegaban desde los recientemente constituidos Estados Unidos de América del Norte, en 1789, al estallar la Revolución francesa, esperaba asistir a una reconstrucción racionalista de la sociedad. Tras la Toma de la Bastilla fue elegido para el Consejo Municipal de París, al que representó en la Asamblea legislativa en 1791, de la que llegó a ser secretario.

La Revolución implicó una profunda reforma del Estado francés en la que se enfrentaron dos corrientes con puntos de vista opuestos: los Girondinos, partidarios de una reconstrucción pacífica del país y los Jacobinos, dirigidos por Maximiliano Robespierre, que propugnaban una depuración radical del pasado imperial francés. 


Alineado con los Girondinos, Condorcet votó contra la ejecución de Luis XVI. Ello le valió ser acusado de traición, y el 3 de octubre de 1793 se dictó una orden de arresto contra él. Condorcet halló refugio en París en casa de una amiga, Madame Vernet, donde permaneció ocho meses durante los cuales escribió su Bosquejo de un cuadro histórico del progreso del espíritu humano.(*) El 25 de marzo de 1794 abandonó su escondite y trató de huir de París con poco éxito, pues dos días más tarde fue detenido en Clamart y encarcelado en Bourg-Egalité (Bourg-la-Reine). Un par de días después apareció muerto en su celda, víctima de un edema pulmonar, aunque la tradición también habla de suicidio.

En ese Bosquejo..., que su viuda publicaría a título póstumo en 1795, Condorcet afirma que “Existe una causa necesaria de desigualdad, de dependencia e incluso de miseria, que amenaza sin cesar a la clase más numerosa y más activa de nuestras sociedades”, apuntando una idea para reducir la desigualdad, la inseguridad y la miseria, que anuncia ya lo que hoy conocemos como Seguridad Social.



File:Nicolas de Condorcet.PNG

Mostraremos que se la puede destruir en gran parte, oponiendo el azar a sí mismo; asegurando a aquellos que llegan a la vejez un seguro producido por sus ahorros, pero aumentado por el de aquellos individuos que, haciendo el mismo sacrificio, mueren antes de ver llegado el momento de tener necesidad de recoger el fruto; procurando, por el efecto de una compensación similar, a las mujeres, a los niños, en el momento en el que ellos pierden a su esposo o a su padre, un recurso igual y adquirido al mismo precio, ya sea para las familias afligidas por una muerte prematura, ya para aquellas que conservan al cabeza durante más tiempo; preparando, en fin, a los niños hasta que lleguen a la edad de trabajar por ellos mismos y de fundar una familia nueva, la ventaja de un capital necesario para el desarrollo de su propia industria, y acrecentándose a expensas de aquellos a los que una muerte demasiado temprana impide llegar a ese término.



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(*)Condorcet, Esquisse d'un tableau historique des progres de l'esprit humain (1795). El texto se puede obtener pinchando sobre este enlace.


jueves, 17 de octubre de 2013

Pobreza infantil: una vergüenza nacional

Cada tres minutos hay un niño en España que cae en la pobreza. Alrededor de 2.200.000 niños, uno de cada cuatro, son pobres. Han nacido para ser perdedores al hacerlo en hogares en situación de pobreza relativa. Algunas ONG's intentan ayudar a la pobreza infantil en el país mientras el Gobierno la fomenta y agudiza a través de sus políticas de recorte de los presupuestos sociales. Un motivo más para revolvernos contra estos dirigentes que están destrozando nuestro tejido social.

Coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha alertado hoy sobre el riesgo de que haya "otra generación perdida" debido a las elevadas tasas de pobreza infantil que hay en el sur de Europa. "Si conseguimos salvar los bancos europeos, podemos y tenemos la obligación moral de salvar a la generación más joven", ha dicho Schulz, que ha recordado que la protección de la infancia es uno de los mayores desafíos de los gobiernos europeos.

Hace años, hablar de pobreza infantil evocaba imágenes de niños desnutridos en los países africanos o asiáticos. Hoy esta pobreza anida en España. Alrededor de 2.200.000 niños viven en nuestro país en hogares en situación de pobreza relativa, según Cruz Roja. Son los hijos de parados de larga duración, jóvenes abocados al sinhogarismo y la exclusión; niños en contextos migratorios, menores inmigrantes no acompañados; o menores que viven en familias monoparentales, o que están afectados por discapacidades o enfermedades de larga duración; niños pertenecientes a minorías étnicas y niños en entornos rurales.

La disminución de la inversión en políticas sociales, educativas y sanitarias precarizan la situación de los niños y niñas, así como de sus familias. Para llegar a fin de mes (pagar el alquiler, luz, agua...), las familias recortan en gastos de ropa, alimentación, ocio... Una de las acciones de Cruz Roja consisten la recogida de alimentos destinados a estas familias.
Por otra parte, la ONG Educo ha puesto en marcha una campaña con la que espera ofrecer 20.000 nuevas becas de comedor escolar para combatir la malnutrición infantil en España. Las ayudas, que irán destinadas a familias que no pueden cubrir el coste de alimentar a sus hijos debido a la situación económica familiar, procederán de donativos de particulares. De acuerdo con un estudio publicado por la organización, 1 de cada 4 niños no tienen una alimentación adecuada.

Según el estudio realizado por Educo, "cada tres minutos hay un niño en España que cae en la pobreza". Educo ha habilitado una página web y una cuenta bancaria para colaborar con la iniciativa, realizando una aportación económica de 12,50 euros mensuales y que, según ha asegurado, corresponde al coste de una semana de comedor para un niño. Para promocionar la campaña ha realizado un spot que ya está disponible en Youtube. En él, una madre prepara un bocadillo "mágico" de cena, para que su hija "se imagine" lo que quiera dentro.

Esta es una iniciativa encomiable, al igual que los esfuerzos realizados por Cruz Roja. Pero la Constitución española (art. 39)encomienda a los poderes públicos la tarea de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. Un deber con el que nuestros numerosos gobernantes, centrales y autonómicos, no están cumpliendo, como demuestra la crudeza de las cifras. Es impresentable ver reunidos a 14 políticos para inaugurar una rotonda, y no haber visto todavía una alianza de representantes políticos decididos a poner fin al drama de la pobreza infantil.

Somos muchos los ciudadanos que estamos aburridos de ver a la clase política enzarzada en absurdas polémicas autonomistas. Debates sobre materias tan abstractas como la Nación y sus distintas realidades. Debates en los que se ha pasado por alto que, antes que los pueblos fueran pueblos, antes que las naciones fueran naciones, aunque no fuera más que por un orden lógico de aparición en escena, está la persona. Por ello, el primer estatuto que debiera promulgarse es un Estatuto de Autonomía Personal garantizado por un ingreso de ciudadanía que impidiera caer en la pobreza a los  miembros de la comunidad política. 
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Pensiones mínimas, subsidio por desempleo y una prestación a la infancia. Tres sectores sociales hacia los que se dirige la propuesta Mayores y niños primero! de aplicación gradual del Ingreso Garantizado del Observatorio de la Renta Básica de Ciudadanía de Attac-Madrid.
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Campaña de Cruz Roja de recogida de alimentos destinados a combatir la pobreza infantil en nuestro país



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lunes, 30 de septiembre de 2013

Estoy hasta los mismísimos de servir al Rey

En unos momentos en que la sanidad pública está siendo desmantelada por las políticas llevadas a cabo por una banda de desaprensivos, el Rey Juan Carlos I ha demostrado que no se fía de los hospitales madrileños gestionados por el tándem Aguirre/González. Como Jefe del Estado, entre sus obligaciones se encuentra la de dar ejemplo ingresando en un hospital público para ser operado de sus dolencias. Tiene un problema de cadera, pero lo que es cierto es que ya sabemos de qué pie cojea al preferir la sanidad privada.

En las postrimerías del franquismo, y designado ya por el dictador un sucesor "a título de Rey", algunos soldados conscriptos del servicio militar obligatorio, hastiados de vegetar inutilmente en los patios de los cuarteles, solíamos entonar, llevados más por el hartazgo que por espíritu de sedición, ciertas cancioncillas burlescas. Jolgorio que duraba hasta que los alarmados sargentos acudían prestos a sofocar el conato sedicioso. Una de ellas, utilizaba los compases de la canción infantil Quisiera ser tan alta como la luna, con una lírica adaptada a las circunstancias: Estoy hasta los huevos de servir al Rey / Ay, ay / de servir al Rey/ de servir al Rey.

La Transición política a la democracia, —más transacción entre las élites que transición— fue aceptada por el pueblo español de aquella época como mal menor. Con ella, la forma monárquica se consolidó constitucionalmente. Y durante décadas, la propaganda oficial, las conveniencias de los partidos políticos y cierta babosería periodística mantuvieron la imagen de cartón piedra de esta familia real llamada, por sus funciones, a comportarse de manera ejemplar. 

Ejemplaridad que, sobre todo, a partir del episodio de Botswana, se ha puesto de relieve que es una virtud que escasea en la institución que sirve para mantener un Jefe del Estado no elegido por el pueblo. Tanto por parte del cabeza de familia como por sus vástagos.

Ahora, el anciano monarca, como le definen en intimidad, se nos ha vuelto a poner malo al sufrir una recaída de una de sus dolencias. Le compadezco y en lo personal le deseo una recuperación tan pronta como cercano me gustaría ver el fin de este desastre democrático que es la monarquía española. Y convertir nuestro sistema político en una república como forma de higiene democrática


Dentro de la obligada atención que el Estado debe prestar a todo ciudadano enfermo, la máxima autoridad debería haber sido atendida por los servicios públicos de salud. Los españoles, en general, confiamos en la calidad profesional de estos servicios. Y soportamos con estoicismo la masificación, las listas de espera para ser atendidos en las consultas de especialidades o ser intervenidos quirúrgicamente. 

Por tanto, habría sido esperable que en estos tiempos de crisis y ataques al Estado del Bienestar, el Jefe del Estado español hubiera dado ejemplo ingresando en un hospital público para operarse de su dolencia. Es lógico que el Rey posea información privilegiada sobre la desastrosa gestión
de la sanidad pública madrileña efectuada por el tándem Aguirre/González y no se fíe de ella. Pero su obligación como Jefe del Estado es conducirse de una manera ejemplar.

Pero Juan Carlos I de Borbón rechazó ser operado de su infección de cadera en el hospital público La Paz, uno de los complejos sanitarios de referencia en toda España en el campo de la cirugía ortopédica. Al parecer, el monarca fue disuadido por su círculo de allegados de que la intervención quirúrgica no se llevara a cabo en EEUU, como él pretendía, pero se negó en rotundo a ser ingresado en La Paz, según informa El Confidencial.



Intrépido esquiador, avezado patrón de barco, dudoso cazador, educado en el espíritu del valor en las academias castrenses, Juan Carlos I de Borbón tuvo miedo de ser operado en La Paz. Al parecer, porque fue en ese hospital donde agonizó, en noviembre de 1975, Francisco Franco. ¿Temía que se le apareciera el espectro del dictador que le nombró sucesor a título de Rey?

Finalmente, como es conocido, la intervención se practicó en la clínica privada Quirón, donde ya fue ingresado en abril de 2012 su nieto, Felipe Juan Froilán, tras dispararse accidentalmente en un pie con una escopeta de caza cuando realizaba prácticas de tiro con su padre, Jaime de Marichalar, en Soria. Desde luego, no pasa un día sin que nos enteremos de alguna nueva falta de ejemplaridad por parte de los miembros de esta familia. Por ejemplo, de que La Caixa subió el sueldo a la infanta Cristina de Borbón casi un 200% durante la última década, en plena crisis económica y de recortes salariales. La entidad pagó en 2004 a la hija menor del Rey un salario de 83.000 euros brutos anuales, y este año su retribución como directora del Área Social de la Fundación La Caixa, tarea que ahora desempeña en Suiza, asciende a 238.000 euros.

El servicio militar obligatorio fue suspendido —ojo, que no abolido— en 2001 (RD 247/2001). No obstante, de lo que estoy hasta las mismísimas gónadas es de continuar sirviendo al Rey como contribuyente y como pretexto de su legitimidad. Porque este Borbón a mí no me sirve para nada. Tal vez sea el jefe de las élites políticas y empresariales que están privatizando la sanidad pública, pero de lo que estoy seguro es de que no se comporta como el Rey de todos los españoles.



 

sábado, 21 de septiembre de 2013

La protección social y sus enemigos


Garantizar, mediante pensiones públicas, una vida digna al llegar a la edad en que decae el vigor biológico de las personas es uno de los grandes logros que dan sentido a la moderna existencia humana. Cuando un Gobierno, como ahora el formado por el Partido Popular, pretende destruir esa garantía, devaluando la cuantía de las pensiones, pierde toda legitimidad y debe ser combatido con todos los medios al alcance de la ciudadanía.

Junto a sus notables contribuciones a la epistemología, al filósofo vienés Karl Popper, (1902-1994) se le recuerda como uno de los más sólidos teóricos del pensamiento liberal en el siglo XX. Defensor de la sociedad abierta frente a los sistemas totalitarios, y gran crítico de toda visión política que conlleve el diseño de un mundo utópico, Popper fustigó con gran dureza las teorías de Platón y de Karl Marx. La sociedad abierta y sus enemigos, escrito durante la Segunda Guerra Mundial desde su exilio en Nueva Zelanda, es su libro más conocido. En él define el concepto de sociedad abierta como el sistema político en el cual los líderes políticos o el gobierno son reemplazados sin necesidad de violencia o derramamiento de sangre, a diferencia de las sociedades autoritarias, en las que el mecanismo de reemplazo de gobiernos es la revolución o el golpe de Estado.

     Para Popper, una sociedad abierta es aquella en la que los individuos sienten la necesidad de tomar decisiones personales; a diferencia de lo que sucede en las sociedades tribales o en las dominadas por el pensamiento mágico. Ello no es óbice para defender el humanitarismo como garante de la convivencia social. Popper aboga por huir de toda utopía y ceñir la acción política a una praxis realista. De ahí su sabio consejo: “Trabajad para la eliminación de males concretos, más que para la realización de bienes abstractos. No pretendáis establecer la felicidad por medios políticos. Tended más bien a la eliminación de las desgracias concretas. O, en términos más prácticos: luchad para la eliminación de la miseria por medios directos, por ejemplo, asegurando que todo el mundo tenga unos ingresos mínimos. [...] No permitáis que vuestros sueños de un mundo maravilloso os aparten de las aspiraciones de los hombres que sufren aquí y ahora”.

    Parafraseamos en este capítulo el título del libro de Popper porque esa sensata propuesta de asegurar que todo el mundo tenga unos ingresos mínimos también tiene enemigos declarados. La seguridad de poder contar con una renta durante la vejez está siendo atrozmente cuestionada en nuestros días. Y para mayor desfachatez, quienes exigen desmantelar los sistemas públicos de pensiones dicen hacerlo desde una postura “liberal”. Cuando, en realidad, hablan o escriben al dictado de los grandes poderes económicos que tratan de imponer sus criterios sin pasar por el veredicto de las urnas. O sea, violando las reglas de juego de la sociedad abierta para imponer ese diktat que entra en contradicción con la democracia y establece la dictadura de los mercados. 





El Partido Popular se presentó a las elecciones que le otorgaron la mayoría absoluta prometiendo, entre otras mentiras, que no tocaría las pensiones. Ha engañado a sus propios votantes que no deben permitir que lleve a cabo esta nueva tropelía.
      Desde hace décadas, los sistemas públicos de pensiones de jubilación vienen siendo objeto de una gran ofensiva por parte de la banca y otros sectores interesados en que su gestión pase a manos privadas. El dinero destinado a pagar a los cerca de nueve millones de pensionistas que hay en España supone una considerable masa monetaria que despierta la codicia bancaria. Este es el verdadero motivo por el que subvencionan los estudios de expertos poco escrupulosos, que no tienen el menor empacho a la hora de sembrar dudas sobre la insostenibilidad de las pensiones públicas. Aunque para ello tengan que recurrir a poner en circulación una serie de falacias. Una de ellas, la que utiliza la demografía en forma sesgada.

      Hay un dato objetivo e innegable, y es el envejecimiento actual de la población. En los países desarrollados, especialmente en Europa, la tendencia general es que nacen pocos niños, mientras que los mayores son cada vez más longevos. Esto se debe a que, gracias a las políticas del Bienestar, la población en general goza de muy buena salud, lo que se traduce en una fuerte tendencia al alza en la esperanza de vida.

     Frente a quienes presentan esa mayor longevidad como un tremendo problema, una actitud más sensata y objetiva exige celebrar esta realidad como un éxito social. En concreto, un éxito de las políticas sociales de convivencia y solidaridad europeas que han logrado que, en la primera década del siglo XXI, llegar al estado de vejez no signifique ingresar automáticamente en la miseria.
 
    Hace apenas cincuenta años, la mayoría de los trabajadores de este país no podían contar con esa seguridad económica, ya que las pensiones o eran muy escasas o, sencillamente, no existían. En la actualidad, el derecho a que todas las personas puedan contar con una pensión de jubilación, así como la universalidad de la asistencia sanitaria constituyen sendas premisas del consenso social y político de cualquier europeo contemporáneo.

    Sin embargo, como no siempre llueve a gusto de todos, un éxito social de este tipo no resulta del agrado de quienes, por oficio u vocación, se oponen a cualquier tipo de medidas destinadas a mejorar los sistemas públicos de protección social. Sacando los pies del tiesto de ese consenso social europeo, invocan valores de otra cultura que, como la estadounidense, sitúa el culto sagrado a la libertad del individuo por encima de la cohesión social.

“Con el seguro de desempleo nadie trabajaría; con el seguro de vejez, nadie ahorraría, y el resultado final sería la decadencia moral, la bancarrota financiera y el derrumbe de la República”.

       ¡Ahí es nada! La bancarrota financiera y el derrumbe de la República. Según John K. Galbraith, ningún texto jurídico en la historia de Estados Unidos fue tan enconadamente atacado por los portavoces del mundo de los negocios como el proyecto de Ley de Seguridad Social de 1935, estableciendo un plan federal de pensiones.

      Pese a todo, la ley fue aprobada, y como el tiempo se ha encargado de demostrar, la grandeza de los Estados Unidos de América del Norte no sufrió merma alguna por la entrada en vigor de esa medida. Al cabo de setenta años de funcionamiento del Plan Federal de Pensiones no se han cumplido los negros augurios pronunciados en aquella ocasión por los profetas a sueldo de la gran patronal. La República no sólo no se ha derrumbado, sino que ha llegado al siglo XXI convertida en una gran potencia económica y militar del planeta. Y las únicas bancarrotas financieras que han tenido lugar no han venido del lado de las pensiones, sino de la especulación bancaria e inmobiliaria.

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Texto extractado del libro: ¿Pensiones en peligro? Que la banca pague lo que debe, Ediciones Viejo Topo.



miércoles, 4 de septiembre de 2013

Y Cospedal parió 31 ratones


Mons parturibat, gemitus immanes ciens, / eratque in terris maxima expectatio. / At ille murem peperit. Hoc scriptum est tibi, / qui, magna cum minaris, extricas nihil. [Un monte estaba pariendo lanzando unos enormes gemidos, y en la tierra había una enorme expectación. Pero el monte parió un ratón. Esto ha sido escrito para ti que, aunque amenazas con grandes males, no haces nada].

En esta fábula del griego Esopo, recogida por Fedro (II, XXIV), se cuenta cómo los montes dan terribles signos de estar a punto de dar a luz, infundiendo pánico a quienes los escuchan. Sin embargo, al cabo de señales tan asombrosas, los montes paren un pequeño ratón. De ahí la expresión "el parto de los montes", que se refiere por lo tanto a aquellos acontecimientos que se anuncian como algo mucho más grande o importante de lo que realmente terminan siendo.

También  Horacio, en su Epístola a los Pisones, invoca la fábula esópica al referirse a los escritores que escriben con estilos rimbombantes o prometen más de lo que realmente son capaces de ofrecer:


Nec sic incipies, ut scriptor cyclicus olim: / 'Fortunam Priami cantabo et nobile bellum'. / Quid dignum tanto feret hic promissor hiatu? Parturient montes, nascetur ridiculus mus. [Y no empezarás de la misma manera que en otro tiempo el que quería escribir sobre el ciclo épico: 'Cantaré la suerte de Príamo y la noble guerra de Troya'. ¿Qué cosa tan digna va a decir este prometedor con un comienzo tan grandilocuente? Los montes se pondrán de parto, y nacerá un ridículo ratoncillo]. (Ars poetica, 139)

Viene esto a cuento de las campanas al vuelo lanzadas por el Gobierno y el Partido Popular a propósito del último recuento oficial de personas desempleadas. Doña Cospedal de la Jerigonza, de profesión sus diferidos, volvió a aparecer en escena con su natural gracejo para anunciar a bombo y platillo, un día antes de su publicación oficial, que el paro registrado de agosto sería el mejor de la serie histórica desde el año 2000.

 


Una vez conocido el dato oficial, nos enteramos de la realidad: en un país con cerca de seis millones de personas en paro (5.977.500 según EPA del mes de julio) las políticas del Gobierno se reflejan en la creación de ¡¡¡31 empleos netos!!!! 

Aparte de insignificante, los analistas consideran que no es más que una cifra estadística, una diferencia producida en el recuento que obedece al descenso de 9.220 personas en el colectivo de "parados sin empleo anterior". O sea, los que, desesperados por la situación, han optado por el exilio laboral. El otro dato estremecedor es que las bajas en la Seguridad Social alcanzan casi las 100.000. Cifras de destrucción de empleo, fuertemente estacionales, de las que poco hay que presumir.

Más allá de dejar constancia de esta sandez cospedaliana, no voy a perder el tiempo enredándome en el discurso del absurdo. Cultivo el principio: jamás discutas con un imbécil, pues la gente podría no advertir la diferencia. Resulta más entretenido "releer" a los clásicos, como Félix María Serafín Sánchez de Samaniego Zabala Samaniego, que también reinterpretó la fábula esópica:

Con varios ademanes horrorosos
Los montes de parir dieron señales;
Consintieron los hombres temerosos
Ver nacer los abortos más fatales.
Después que con bramidos espantosos
Infundieron pavor a los mortales,
Estos montes, que al mundo estremecieron,
Un ratoncillo fue lo que parieron.

Hay autores que en voces misteriosas
Estilo fanfarrón y campanudo
Nos anuncian ideas portentosas;
Pero suele a menudo
Ser el gran parto de su pensamiento,
Después de tanto ruido sólo viento.


Fin de la cita.

lunes, 12 de agosto de 2013

Denuncio que el Ministerio de Empleo niega protección al 38% de los desempleados


En materia de empleo, al Gobierno del PP no se le ha ocurrido mejor cosa que animar a la población a desempeñar el dudoso oficio de chivato. Una pedagogía política absolutamente negativa. Pues, cuando un ciudadano considera que tiene la obligación de denunciar algún tipo de infracción legal, debe hacerlo acudiendo ante un juzgado o una comisaría, con la cara descubierta y mostrando el DNI. Denunciar escondido bajo el anonimato es de cobardes o delincuentes.  

 

Vaya por delante que en este cuaderno no se defiende el fraude, ya sea éste moral, ético o político. Pero el actual Gobierno, con su presidente, Mariano Rajoy, a la cabeza, no tiene la menor legitimidad moral o política para pedir que los ciudadanos, amparados en el anonimato, denuncien los fraudes en materia laboral de los que tengan conocimiento. Y mucho menos si se refieren a fraudes en la percepción de las cada vez más exiguas prestaciones por contingencia de desempleo. 

Es lo que acaba de hacer la ministra de Empleo, Fátima Báñez, al invitar a la población a practicar el chivatazo ciudadano, entrando en la página web del Ministerio y rellenando un formulario de forma anónima. Cualquier persona que conozca incumplimientos de la normativa, ya sea laboral, de Seguridad Social o de prevención de riesgos, a informar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sin necesidad de aportar ningún dato personal, según defiende la ministra.

Este Gobierno no tiene legitimidad para pedir esa colaboración ciudadana porque ha incumplido todas sus promesas en materia social. No tiene legitimidad porque ha cometido un atentado contra la moral pública promulgando una indecente amnistía a los delincuentes fiscales. No tiene legitimidad porque sus miembros pertenecen a una formación política, el Partido Popular, que ha amparado a un tesorero apodado Luis el cabrón, de apellido Bárcenas, reconocido evasor fiscal, actualmente en prisión por orden judicial. A este demonio familiar, el Partido Popular le ha recompensado con un suculento salario pagado, según la balbuceante declaración de Cospedal, utilizando una modalidad absolutamente fraudulenta: la simulación de contrato en diferido.

Además, estoy harto de que continuamente me hagan ofertas para trabajar sin cobrar: desde el becariato indefinido hasta los autoservicios (gasolineras, grandes superficies y cajeros automáticos). Harto de que apelen a mi conciencia ecológica para que sea un ciudadano ejemplar y trabaje clasificando mis residuos urbanos no en beneficio del medio ambiente, sino de los fabricantes de envases. Y puesto que pago una tasa municipal de basuras, como ya tengo dicho, si pago no separo. ¿Acaso no estamos en una economía de mercado?


Por si fuera poco, pretende ahora este Gobierno que desempeñe el dudoso oficio de chivato, también sin cobrar por ello. Pues no, cuando un ciudadano considera que tiene la obligación de denunciar algún tipo de infracción legal acude ante un juzgado o una comisaría, con la cara descubierta y mostrando el DNI. Salvo en contadísimos casos que implican riesgo grave para el denunciante, caso de las mujeres maltratadas, denunciar escondido bajo el anonimato es de cobardes o delincuentes.


Además ¿quién podría sentirse moralmente legitimado para denunciar a una persona desempleada que intentara buscarse la vida para complementar los 426 € del subsidio con algún trabajillo irregular? ¿Quién puede sostener que con esa cantidad se puede vivir? Si algo debo denunciar, y lo hago públicamente, es la baja catadura moral, el cinismo y la sinvergonzonería de los dirigentes del Partido Popular que durante muchos años se lo están "llevando crudo". Complementando las retribuciones que recibían del Congreso o del Senado con sobresueldos que, para esquivar el régimen de incompatibilidades de las Cámaras, preciben en concepto de "gastos de representación". Y no estamos hablando de cuatro duros. Según la contabilidad de Bárcenas, Javier Arenas recibió en dos décadas 1,1 millones de euros del partido; Álvarez Cascos casi 600.000 y la inefable Cospedal 478.000. 

De todas formas, ya que el buzón está creado, podemos darle una utilización práctica. Saturándolo con denuncias del propio Gobierno que fomenta la pauperización de la sociedad. Un ejemplo para rellenar el formulario:

Ministerio de la Precarización del Empleo

       Agustín de Betancourt, 4.
        28071, Madrid

Bombeo de rentas del trabajo hacia el capital

Los cambios legales introducidos por el Gobierno del Partido Popular han degradado el sistema de protección al desempleo hasta el punto de que la proporción de parados que reciben algún tipo de ayuda y prestación ha caído hasta el 62%. Esto significa un fraude  político y moral en toda regla. Ya que el Artículo 41 de la Constitución Española dispone que:

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.



Y el sistema automático registrará la denuncia






sábado, 6 de julio de 2013

Boicot CEOE: yes, we can


Las protestas ciudadanas se dirigen contra los brazos políticos del capital, pero los ‘protestatarios' siguen alimentando a los promotores del golpe, comprando sus productos o guardando el dinero en sus bancos. En el mercado, como ciudadanos no tenemos ningún poder, pero como consumidores tenemos un enorme poder si aprendemos a usarlo. Si nos lo proponemos en serio, a través del boicot a los productos y servicios de empresas pertenecientes a CEOE haremos doblar la cerviz a ese puñado de estafadores económicos y políticos que piensan que pueden poner de rodillas a todo un pueblo


En el anterior artículo escribí una reflexión que llevaba tiempo dándome vueltas en el magín. Sobre todo, cada vez que oigo echar mano del patrioterismo tópico para pedir que consumamos productos españoles. Entonces, no puedo evitar la imagen de los dirigentes de la gran patronal CEOE, desde el delincuente convicto Díaz Ferrán hasta su sucesor Juan Rosell, defendiendo los recortes de salarios, condiciones laborales, pensiones, etc. La reflexión me llevaba a plantear la pregunta:


¿Acaso no deberíamos, los consumidores/trabajadores, declarar el boicot a los productos de las empresas adscritas a esta organización patronal? Más que nada, para no tener que lamentarnos por ser cornudos y apaleados. 

El trasfondo de la crisis es un golpe de estado del gran capital sobre la democracia. Las protestas ciudadanas se dirigen contra los brazos políticos del capital, pero los ‘protestatarios' siguen alimentando a los promotores del golpe, comprando sus productos o guardando el dinero en sus bancos. Dado que nuestros presuntos representantes, los grandes partidos políticos han renunciado a controlar el mercado, como ciudadanos no tenemos ninguna influencia. Pero en el juego económico, como consumidores tenemos un poder que puede ser enorme cuando aprendamos a encauzarlo. Si nos lo proponemos en serio, la población civil puede doblar la cerviz de ese puñado de estafadores económicos y políticos que se han creído que pueden poner de rodillas a todo un pueblo.


Para mi sorpresa, el primer día de su publicación, el artículo fue visto 5.926 veces, y en días sucesivos alcanzó un total de 8.500 lecturas. Algo de todo punto inusual en esta modesta bitácora. Asimismo, hubo numerosos comentarios al artículo, tanto aquí como en menéame.net. Todo ello podría ser indicativo de una tendencia: la gente está harta de medias tintas, sesudas interpretaciones de la crisis y melifluas protestas. Y quiere pasar a la acción con ideas como las surgidas al calor del interesante debate. Que es justo compartir aquí:



Plantear un boicot contra CEOE no es utópico


Utopía, (Del griego , no, y tópos, lugar; ‘lugar que no existe') es el plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable en el momento de su formulación. El lenguaje vulgar identifica el concepto de utopía con el de proyecto irrealizable, lo que es inexacto. Los grandes avances de la ciencia han partido de la intuición utópica de una realidad diferente. 

Existen suficientes ejemplos históricos de boicots llevados contra Gobiernos o grandes corporaciones. Un boicot contra las empresas de la CEOE no es utópico. Descartarlo de entrada alimenta la profecía autocumplida. Es una actitud similar a la de aquel que no va a votar aduciendo que "no sirve para nada" y con su abstención permite, que se mantenga un sistema que no le gusta.

El trasfondo de la crisis es un golpe de estado sobre la democracia. Las protestas ciudadanas se dirigen contra los brazos políticos del capital, pero los ‘protestatarios' siguen alimentando a los promotores del golpe, comprando sus productos o guardando el dinero en sus bancos. En el mercado, como ciudadanos no tenemos ningún poder, pero como consumidores tenemos un enorme poder si aprendemos a usarlo. Si nos lo proponemos en serio, haremos doblar la cerviz a los que se han creído que un puñado de estafadores económicos y políticos pueden poner de rodillas a todo un pueblo.



No se perjudicaría al empleo

El empleo, el gran totem en base al cual se cierra la puerta a cualquier iniciativa. Pero ¿qué empleo? Es difícil hablar de empleos productivos cuando la mayor parte de productos fabricados proceden de China y otros talleres asiáticos. Muchas de las empresas de CEOE sólo actúan como distribuidores de las mercancías, obteniendo su beneficio aumentando su precio de venta.


La Agencia Tributaria acaba de revelar la verdadera realidad del mercado laboral español. Casi 7,5 millones de trabajadores, en concreto, 7.454.224 contribuyentes, declararon en 2011 unos ingresos inferiores a 1.000 euros al mes. Lo singular no es sólo el número -prácticamente el 40% de los 19,4 millones de declarantes del impuesto sobre la renta-, sino, sobre todo, su evolución. A medida que ha avanzado la crisis, el número de contribuyentes que ni siquiera ha logrado alcanzar la condición de ‘mileurista' ha ido en aumento. Hasta el extremo de que hoy hay algo más de 400.000 declarantes más que en 2008 en esas circunstancias, al comienzo del desplome de la economía española. Estos datos reflejan que la llamada ‘devaluación interna' (bajada de salarios) está funcionando si se comparan las cifras con las de ejercicios anteriores.


Plantea una dificultad seria


Que no sea un proyecto utópico no significa que la propuesta no revista gran dificultad. Un boicot generalizado a todas las empresas integradas en la CEOE no es sencillo, ya que son muchas las pequeñas empresas adscritas a organizaciones empresariales locales que, a su vez, se integran en la principal. Por ejemplo, CEPYME está integrada por 105 organizaciones empresariales territoriales y sectoriales, y a su vez es miembro de CEOE. Pero, a la hora de la verdad, CEOE sólo representa los intereses de un reducido grupo de grandes empresas que son las que realmente mueven mucho dinero. 

Tampoco es cosa de perjudicar al frutero del barrio. Se podría empezar boicoteando las empresas directamente ligadas a Juan Rosell: plásticos Congost y Tecnitoys (Scalextric). Aparte de otras donde tiene intereses directos: Enher, Endesa, Uniland, Siemens, Applus, Aguas de Barcelona,CaixaBank y Gas Natural. Como apunta un comentarista: "No nos vamos a quedar ciegos para dejarlo tuerto (gas, por ejemplo) pero podemos cambiar la comercializadora y el banco".

No sólo al presidente, podemos ampliar el boicot a las empresas de otros miembros destacados de CEOE: Arturo Fernández, Joan Gaspart, Rafael Ferrando, Pilar González de Frutos, Juan Lazcano, Jesús Serafín, Jesús Ferrer, Jesús Morte, Juan Pablo Lázaro, José Miguel Guerrero



Una alternativa viable 

Podría consistir en favorecer con nuestras compras a aquellas empresas que demuestren mayor solidaridad social empresarial. En línea con las campañas llevadas a cabo por las iniciativas de protección del comercio justo o  ropa limpia, podría crearse un etiquetado de productos que reflejen el grado de compromiso social de las actividades empresariales. Mientras tanto, todas aquellas pequeñas empresas que no comulgan con la politica antisocial propugnada por la cúpula de la gran patronal, podrían ir integrando un listado similar al propuesto en su día por Greenpeace para los productos libres de transgénicos. En este caso, los pequeños negocios podrían tomar ejemplo de esta iniciativa concreta, y publicar en sus anuncios o páginas web una declaración de limpieza social:

                     Esta empresa no  pertenece a CEOE:
 




Epílogo

Por lo pronto, este escribidor, conforme a su declarada tendencia a echarse al monte, se dispone a huir del tórrido verano peninsular partiendo hacia los Alpes. El capitalismo no se verá perjudicado en mi viaje, pues compraré provisiones y pagaré alojamiento y combustible. Sólo que lo haré a otros empresarios menos cutres que los celtíberos. El salario mínimo en Francia es de 1.430,22 €. Más del doble que el raquítico SMI español que la CEOE pretende suprimir. Y les aseguro, por propia experiencia, que los alimentos básicos cuestan exactamente igual en un hiper francés que español. Recuerden el proverbio africano:
 

La unión en el rebaño obliga al león a acostarse con hambre

#boicotceoe y buen verano a las personas de buena voluntad y mejor juicio que honran este blog con su visita.