¿Pensiones generosas? Miau.

Algunos dicen que el sistema de pensiones español es muy generoso. Pero las personas situadas en la cincuentena que tengan la desgracia de entrar en el desempleo de larga duración corren serio riesgo de sufrir una serie de “daños colaterales” derivados de una perversa cláusula de la normativa legal sobre jubilaciones. El primero de estos riesgos es perder toda su carrera de cotización anterior viendo reducida su pensión al mínimo; el segundo, y más grave, perder totalmente el derecho a pensión.

Para tener derecho a cobrar la pensión contributiva de jubilación, la vigente normativa legal exige tener cotizados a la Seguridad Social un mínimo de 15 años, de los cuales al menos dos años deberán estar comprendidos dentro del período de los 15 anteriores a la edad legal de jubilación.

Este requisito puede plantear situaciones muy comprometidas. Una persona que se encuentre en situación de desempleo y dentro de la franja de edad comprendida entre los 50 y 65 años corre un serio riesgo de sufrir una privación de facto de la pensión contributiva, ya que, por una regla de Perogrullo inspirada en el principio paulino: quien no trabaja no cotiza. Y dado que las probabilidades de la gente situada en la cincuentena para reingresar en el mundo laboral es prácticamente nula, esa persona llegará a la senectud sin poder cobrar pensión aunque haya cotizado en etapas anteriores. Para acabar de ensombrecer el panorama, si está casado tampoco podrá acogerse a la pensión no contributiva, ya que esta prestación no se otorga si el otro cónyuge es perceptor de una pensión contributiva.

Vamos, que el panorama puede resultar tan kafkiano como el que tenía ante sí Ramón Villaamil, el funcionario cesante que protagoniza Miau, novela de Benito Pérez Galdós.

Para mayor desconsuelo, se le representaba entonces toda su vida administrativa, carrera lenta y honrosa en la Península y Ultramar, desde que entró a servir allá por el año 41 y cuando tenía veinticuatro de edad […]. Después de la Revolución pasó a Cuba, de donde le echó la disentería. En fin, que había cumplido sesenta años, y los de servicio, bien sumados, eran treinta y cuatro y diez meses. Le faltaban dos para jubilarse con los cuatro quintos del sueldo regulador […].

Magistral retratista de su tiempo, Galdós da cuenta del drama padecido por los cesantes en la época de la Restauración. Durante este período, los conservadores de Cánovas del Castillo y los liberales de Mateo Sagasta llegaron a un acuerdo para alternarse en el Gobierno. Esta alternancia, que evitó ese ambiente de crispación política que hoy, en la España del siglo XXI, genera la derecha cuando pierde el poder, dió lugar a una figura característica: el cesante. Es decir, el funcionario que quedaba separado del servicio cuando entraba en el gobierno el partido contrario al que le había nombrado para el puesto. La cesantía estaba regulada por ciertas disposiciones legales que, como toda norma, contenían lagunas de las que se derivaban situaciones críticas para los afectados.

Esa angustiosa situación, que conduce al probo funcionario cesante a un final trágico, no se produciría hoy en la Administración, cuyos empleados tienen carácter vitalicio. Sin embargo, acecha a cualquiera de los obligados a vender su trabajo en el tan ensalzado mercado libre. Si, como sucede en una época de crisis aguda, no encuentra un empleo, sus últimos años de vida teóricamente activa le conducirán directamente a la más absoluta de las miserias.

Sólo se salvará de la quema si cumple ciertas restrictivas condiciones –no siempre al alcance de todos– que le permitan obtener el salvoconducto que abre la puerta a la percepción de una modalidad del subsidio de desempleo específicamente adaptada “para mayores de 52 años”. Percibirá entonces una cicatera paga de 420 euros mensuales hasta el momento en que cumpla la edad legal de jubilación, y el Inem se hará cargo de cubrir su cotización por contingencia de jubilación, eso sí, por la base mínima. De manera que, al llegar a la edad de 65 años, aunque habrá cumplido el requisito impuesto por esa perversa cláusula de los dos años, dado que lo habrá hecho por la base mínima, percibirá la pensión mínima que cada año fije el Gobierno y sancione con su firma el Rey. Y hay gobiernos a los que esa cuestión les importa menos que el maullido de un gato callejero.