Teoría económica para cerdos

Un día sí, y otro también, se oyen voces apocalípticas que urgen al Gobierno a reformar el sistema público de pensiones que, aseguran, corre un serio riesgo de entrar en quiebra. Pero los servicios de estudios de las entidades bancarias deben guardar otros datos ocultos, cuando no aconsejan tomar medidas en su propia casa, poniendo coto a las astronómicas pensiones de sus altos directivos. A todo esto, Díaz Ferrán, cabeza visible de la patronal, que pide rebajar las cotizaciones sociales, resulta que también destaca como líder en impagos a la Seguridad Social. Esta peculiar forma de entender la teoría económica recuerda la política de los cerdos, la clase dirigente de la granja orwelliana.

La monserga sobre la insostenibilidad del sistema público de pensiones ataca de nuevo. Ahora son los ‘expertos’ de la UE quienes dicen que España debe tomar drásticas medidas para reformar el sistema público de pensiones. De no hacerlo, aseguran, el sistema entrará en quiebra en 2060. Sorprende tanta anticipación por parte de quienes no fueron capaces de prever la actual crisis económica.

Es patente que ningún hombre de negocios cree sinceramente en la doctrina económica del liberalismo: ya saben, libre mercado, no intervención del Estado. Y en el supuesto de que hubiera algún devoto de la misma, a juzgar por la manera en que renuncian a ponerla en práctica parece incluso que se avergonzaran de su fe.

Es el caso de Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la patronal CEOE. Un peculiar personaje que, en pleno estallido de la crisis ‘subprime’, hace ahora un año, pedía a gritos al Gobierno que ayudara a los bancos para financiar a las empresas. Al tiempo que hacía profesión de su fe, declarándose un “firme defensor de la economía de mercado libre”, renegaba de la misma al pedir al Gobierno que “hiciera un paréntesis en su respeto al mercado, ante la crisis más grave, gravísima, que he vivido como empresario”, desde que en 1967 fundase su primera compañía de transportes.

En reiteradas ocasiones, el presidente de la CEOE también ha pedido al Gobierno una sustancial rebaja en las cotizaciones a la Seguridad Social que pagan los empresarios. Ahora acabamos de descubrir que Air Comet, compañía aérea que dirige el preside Díaz Ferrán, aborda una situación agónica. Adeuda las nóminas de los últimos meses a sus cerca de 900 empleados y acumula un impago de casi 16 millones de euros a la Seguridad Social, incluida la cuota obrera (unos tres millones), según datos oficiales que manejan fuentes sindicales. El impago de la cuota obrera, según detallan los representantes sindicales, podría ser denunciada como apropiación indebida, dado que la empresa la ha retenido de la nómina de los trabajadores y, sin embargo, no la ha abonado a la Seguridad Social.

Pese a su manifiestos incumplimientos del credo liberal, el mundo de los negocios mantiene una nutrida clase de propagandistas de la fe libremercadista para que sigan elaborando jaculatorias y mantras que ensalzan, sobre todo, el libre mercado para la mano de obra y la protección social.

Por ejemplo, ciertos expertos en la teoría de la relatividad económica proponen que se revise el Índice de Precios al Consumo (IPC) y se establezca una escala específica para los jubilados, al entender que tienen gastos más reducidos. “Un jubilado, por el mero hecho de serlo, disminuye al máximo sus gastos de transporte [...] tampoco tiene necesidades de formación [...] por lo que puede prescindir de la realización de cursos y adquisición de libros”. De este tenor son los argumentos con los que hace ya tiempo, Ramiro Grau Morancho, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, postulaba en las páginas del diario Abc el establecimiento de un IPC distinto para revisar las pensiones de jubilación.

A esa escuela pertenece el Servicio de Estudios del BBVA, que en un informe sobre las perspectivas del sistema de pensiones en España aconseja al Ejecutivo que, “en el menor plazo posible”, acometa reformas. Entre ellas, que el aumento anual de las pensiones sea el del IPC “menos” algunas décimas, medio punto por ejemplo. José Luis Escrivá, director del mencionado servicio, abunda en la tesis de que los jubilados tienen un menor límite de gasto y consumen menos que el resto de los ciudadanos.

Pero la tesis de Escrivá se compadece mal con el hecho que los consejeros de los tres grandes bancos españoles (Santander, BBVA y Popular) acumulan compromisos en fondos y planes de pensiones para sufragar su jubilación por un importe conjunto de 273,4 millones de euros, una cantidad suficiente para pagar la pensión media de 30.000 jubilados españoles durante un año. Estos compromisos, que traducidos a pesetas superan los 45.000 millones, serían suficientes para hacer frente a las jubilaciones de todos los pensionistas de Zamora o Huesca durante un año, las de los de Soria durante dos ejercicios o las de los de Ceuta y Melilla durante cuatro años. Por lo que se refiere al BBVA, la mayor parte de los compromisos por pensiones están centrados en los consejeros ejecutivos del banco: el presidente, Francisco González; el consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri, y el secretario del Consejo, Antonio Maldonado. Recientemente hemos visto cómo, al pasar a la dorada reserva a los 55 años, José Ignacio Goirigolzarri, cobrará una astronómica pensión respaldada por los 52,49 millones de euros que tiene dotados el banco para garantizarle esa prestación.

Todo esto lleva a pensar que el libro de cabecera del Servicio de Estudios del BBVA pudiera ser Rebelión en la granja, de George Orwell. En especial, el capítulo donde se establece ese principio que sostiene que: Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. “Después de eso —dice el libro— no les resultó extraño que, al día siguiente, los cerdos que estaban supervisando el trabajo en la granja llevaran todos un látigo en la mano”.