martes, 6 de diciembre de 2016

Rentas minimalistas: ¿Se ocuparán Gobierno y Parlamento de subir la pensión mínima y el subsidio por desempleo?



Constitución Española Artículo 41: Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Artículo 50: Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.



Portada de El Economista.es

A raíz de una iniciativa de Unidos Podemos, el Congreso de los Diputados admitió a trámite la Propuesta de Ley para fijar un calendario de subida progresiva del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 800 euros en enero de 2018, y a 950 a comienzos de 2020 (en 14 mensualidades). Horizonte elegido con buen criterio estratégico, ya que si la propuesta hubiera sido para 2017, Rajoy la habría descartado olímpicamente en base a la facultad que permite al Ejecutivo vetar proposiciones de ley o medidas del Congreso que impliquen incremento de gasto en relación con el previsto en los Presupuestos. De esta forma, al menos, se verá obligado a estudiarla.

El caso es que, con la propuesta de la formación morada, en 2017 el SMI se habría mantenido igual que hasta ahora. En eso llegó el PSOE, que necesitado de rentabilizar algún logro frente a la situación de debilidad por la que atraviesa el partido, alcanzó un acuerdo con el Gobierno para subir un 8% el SMI, desde 655,20 € a 706 € mensuales.

Los socialistas venden ese acuerdo como una gran victoria: la mayor subida en treinta años. Lo cual, siendo cierto, no oculta el hecho de que a lo largo de esas tres décadas también gobernaron. Y, salvo durante el primer mandato de Rodríguez Zapatero en el que hubo una subida apreciable tanto del SMI como de las pensiones mínimas, el resto de sus gobiernos tampoco se preocuparon mucho de conseguir que el SMI estuviera en línea con la media de los países homólogos de la Unión Europea. Nos encontramos a la altura de países como Grecia, Eslovenia o Malta. Muy por debajo de los salarios mínimos establecidos en países como Francia, Reino Unido o Alemania, que duplican el SMI español.

Lo que no se entiende muy bien es el cabreo de sindicatos y podemitas ante esta subida. Los primeros, porque llevan años desaparecidos del ámbito de esta reivindicación. Los segundos, porque este aumento no contradice para nada su propuesta. Si acaso, la adelanta en parte, pues, al fin y al cabo, los trabajadores afectados ya pueden contar en 2017 con algo más de dinero en el bolsillo mientras aguardan la llegada de 2018 en la que tendría que aplicarse la subida a 800 euros propuesta por UP. Formación que debería preocuparse, desde este mismo momento, de ir tejiendo la estrategia de acuerdos necesaria para hacer realidad esa cifra mínima. Porque no basta con enarbolar la bandera, hay que conquistar la posición. Como señala con acertado criterio, Alberto Montero, portavoz parlamentario de Economía de UP: "Donde realmente se cambian las cosas es en las instituciones"


Por lo que respecta al SMI, no se puede olvidar que se trata de una referencia salarial mínima que, en la práctica, ni siquiera llega a percibir la mayoría de los trabajadores precarios. En concreto, más de seis millones de trabajadores, casi uno de cada tres,  (el 31%) tiene unos ingresos inferiores al SMI anual. Lo singular es que se trata de trabajadores con empleo —incluidos los autónomos— y que han estado ocupados alguna vez a lo largo del año. No se trata, por lo tanto, de desempleados o de personas socialmente excluidas.
 

En efecto, por más que la ministra del ramo diga que en España nadie puede cobrar un sueldo por debajo del SMI, los empleadores tienen a su disposición mil y una estratagemas para burlar este salario mínimo. Algunas de ellas asquerosamente legales, como la contratación parcial, por horas, días, etc. Otras, directamente gansteriles, del tipo: "firmas un contrato de media jornada y trabajas ocho horas o te vas a la puta calle". Y no hay un cuerpo de Inspectores de Trabajo lo suficientemente numeroso y eficaz para controlar esta extorsión laboral generalizada.

Un efecto positivo de la subida del SMI es su reflejo automático en la Renta de Garantía de Ingresos vigente en Euskadi que supondrá una subida de unos 50 euros a los 65.000 beneficiarios de estas prestaciones, que van indexadas al SMI y se revalorizarán de manera automática. La Ley de Garantía de Ingresos aprobada en 2008 y en vigor desde 2009 fijó el cobro de un salario social como derecho para quienes no tienen recursos y también para los que ingresan nóminas o pensiones precarias. Las modalidades básicas se calculan con un porcentaje del SMI, aunque computado a 12 pagas y no a 14, como hace habitualmente el Gobierno central. Una persona con necesidades que viva sola cobra un 88% del SMI, una pareja el 113% y una familia de tres o más miembros el 125%.

Pero hay otras rentas ‘minimalistas' pagadas por el Estado, de las que no se ocupa el Parlamento, que suponen, de facto, mantener a sus perceptores en situación de pobreza. ¿Se acuerdan de los famosos 426 euros que perciben los desempleados de larga duración en concepto de subsidio por desempleo?

Esa cifra es el 80% del IPREM, un desafortunado indicador aprobado en su día con la anuencia sindical que ha devaluado la cuantía del subsidio. Pues, de haber continuado el criterio inicial adoptado en su día por el Estatuto de los Trabajadores, que fijaba el subsidio en el 75% del SMI, ahora, tras la subida de este, la paga de los desempleados sería de 530 euros. Por contra, el Ministerio de Empleo no prevé incrementar este indicador de cara al próximo ejercicio, por lo que será el sexto año consecutivo en el que se congele la cuantía del IPREM, que en la actualidad está en los 532,51 euros mensuales.

Pero la cifra de 426 euros parece haberse convertido en totémica, pues incluso la iniciativa conjunta puesta en marcha por los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores para solicitar la implantación de una renta mínima (condicional, por supuesto) cifraba su cuantía en los dichosos 426 euros que a nadie saca de pobre.(*)

En fin, el otro gran capítulo de la pobreza establecida por Real Decreto, es el que se refiere a las pensiones. Según publica El Economista.es, nada menos que 4,7 millones de pensiones, prácticamente la mitad de los 9,3 millones que se abonan mensualmente, cobran cuantías inferiores a la que fija el salario mínimo anterior a la subida, 655 euros hasta ahora. En concreto, y según las estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, casi 700.000 pensionistas cobran al mes cantidades inferiores a los 300 euros. Los hay jubilados, sí, aunque en este tramo prevalecen aquellos que cobran pensiones de orfandad o en favor de familiares.

Pero es en el siguiente tramo donde se concentra mayor cantidad de personas. Nada menos que 3,5 millones de pensionistas reciben cuantías mensuales de entre 300 y 648 euros. Es más: son casi dos millones, el 23% del total, los que cobran entre 600 y 648 euros. Más allá de la pensión media, situada hoy en los 909 euros (la de jubilación en los 1.047), la pensión típica se sitúa aproximadamente en los 625 euros: ningún otro tramo de renta analizado cuenta, ni de lejos, con tantos perceptores. El siguiente tramo, de hecho, es el de aquellos que perciben entre 700 y 800, que son algo más de 800.000.

Y lo más grave es que el grueso de esa pensión típica no corresponde a pensiones asistenciales, sino a pensiones contributivas, es decir, prestaciones a personas que han cotizado al sistema, y que, en la mayoría de los casos, al verse afectados por el paro de larga duración, cotizaron (vía subsidio al desempleo) por el mínimo al final de su carrera profesional. Siendo sobre ese periodo sobre el que se les calculó la cuantía de la pensión.


Sería de estricta justicia que la pensión mínima contributiva (603 €) fuera equiparada al SMI. Pero, descuiden, que nada de esto se hablará hoy entre los asistentes a los fastos del Día de la Constitución. Y lo peor es que tampoco se hablará mañana.




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(*) La prestación que demandan los sindicatos es un derecho subjetivo que dotaría de una renta de 426 euros mensuales a personas de 16 a 64 años demandantes de empleo sin ingresos o inferiores en cómputo anual al 75% del SMI, 5.800 € por persona al año, y que se percibiría mientras se mantengan las condiciones que dan derecho a la prestación.


jueves, 17 de noviembre de 2016

Debate en Fuenlabrada: Decrecimiento y Renta Básica


 Un nenúfar en un estanque dobla su tamaño todos los días. Sabiendo que necesita treinta días para cubrir toda la superficie del estanque, asfixiando toda forma de vida acuática, ¿cuándo habrá cubierto la mitad, última oportunidad para evitarlo? La respuesta, pese a su evidencia, es sorprendente: es en el vigésimo noveno día. 

La sugerente parábola del nenúfar, que ilustra muy bien los problemas derivados del crecimiento exponencial,  ilumina las falacias escondidas detrás de una de las grandes supersticiones alentadas por la maquinaria propagandística del Sistema: el Crecimiento. El mito del crecimiento económico eterno como panacea universal para remediar todos los males derivados de la crisis global que se cierne sobre nuestro planeta. Crecer o no crecer, he aquí el dilema que los dirigentes políticos plantean a sus votantes para resolver los problemas del mundo. Ya se trate del galopante desempleo que azota a las naciones industrializadas, de la pobreza extrema en que vive gran parte de la población del mundo, la respuesta del Aparato es siempre la misma: crecer. Como si no hubiera otra alternativa, por ejemplo, efectuar un mejor reparto de la riqueza ya existente.

Lograr un mundo sostenible implica alcanzar también una sostenibilidad moral. Y el primer paso en este objetivo consiste en poner fin a la pobreza, garantizando que todas las personas que respiran el aire común de la Tierra puedan hacer realidad su derecho a llevar una existencia digna. Es preciso revisar la noción sociopolítica del Bienestar que ha imperado hasta ahora. No hablamos de suprimir las prestaciones sociales del Estado del Bienestar para que sea la iniciativa privada la que provea los servicios, como propugna el neoliberalismo. Lo que precisa una profunda revisión conceptual es esa forma de entender el bienestar sólo desde la óptica del crecimiento de los niveles económicos y de consumo de la población.

En este artículo anterior me he referido al papel que podría jugar la renta básica universal a la hora de efectuar la transición a un mundo sostenible.
 

viernes, 11 de noviembre de 2016

Farewell, Leonard




El legendario cantautor y poeta canadiense Leonard Cohen ha fallecido este viernes a los 82 años, según ha informado su familia a través de su perfil oficial en Facebook. Deja en el imaginario colectivo himnos, como So long, Marianne, Hallellujah o la canción que dedicó a Janis Joplin, Chelsea Hotel. The Partisan es una versión del himno de la resistencia francesa La Complainte du partisan compuesta por Emmanuel d'Astier de la Vigerie.


The Partisan
Leonard Cohen

When they poured across the border
I was cautioned to surrender
This I could not do
I took my gun and vanished.

I have changed my name so often
I've lost my wife and children
But I have many friends
And some of them are with me

An old woman gave us shelter
Kept us hidden in the garret
Then the soldiers came
She died without a whisper

There were three of us this morning
I'm the only one this evening
But I must go on
The frontiers are my prison

Oh, the wind, the wind is blowing
Through the graves the wind is blowing
Freedom soon will come
Then we'll come from the shadows

Les Allemands étaient chez moi
Ils me dirent, "résigne toi"
Mais je n'ai pas peur
J'ai repris mon âme

J'ai changé cent fois de nom
J'ai perdu femme et enfants
Mais j'ai tant d'amis
J'ai la France entière

Un vieil homme dans un grenier
Pour la nuit nous a caché
Les Allemands l'ont pris
Il est mort sans surprise

Oh, the wind, the wind is blowing
Through the graves the wind is blowing
Freedom soon will come
Then we'll come from the shadows






jueves, 10 de noviembre de 2016

El Castellar de Meca: Iberia privatizada

El Castellar de Meca es un poblado ibérico ubicado en el puntal de Meca, en el extremo noroeste de la sierra del Mugrón, cerca de Ayora (Valencia). Este impresionante conjunto es uno de los emplazamientos iberos de la Edad del Hierro más espectaculares de la península. A la vez que desconocido por la mayoría, al ubicarse en una finca privada cuyos propietarios dosifican con cuentagotas el acceso al poblado.

Estamos hablando de un yacimiento de la época ibera fechado en los siglos V-II aC, con una primera ocupación documentada en la Edad del Bronce y otras posteriores en época romana y medieval, posiblemente con pervivencia hasta el siglo XIII-XIV. A la importancia histórica se une la espectacularidad del enclave, en lo alto de un elevado cerro cuya vertiente este está cortada a pico. Desde sus 1.058 metros de altitud sobre el nivel del mar, el emplazamiento permite contemplar una vasta panorámica de la región.

Julián Zuazo, autor de una publicación dedicada a Meca, editada en 1916, ya escribía: "Seguramente que esas compañías de turistas que a grandes gastos y con duras fatigas van a países muy lejanos a buscar paisajes nuevos e impresiones vivas de la naturaleza, no han contemplado jamás un cuadro mas grandioso ni gustado el deleite grave de estas ruinas potentes y pintorescas olvidadas en una comarca desconocida, ahogadas, en una luz deslumbrante en la cima de rocas vertiginosas".

Pero no es la verticalidad de los paredones orientales el único obstáculo que dificulta el acceso al Castellar de Meca. Pese a contar con la declaración de Monumento Histórico Artístico Nacional desde 1931, sus vetustas piedras están ubicadas en una finca privada cuyos dueños administran el acceso a su antojo. Un arruinado panel de madera, en el que apenas se adivina la inscripción del Ministerio de Cultura, es testigo de la dejación de las autoridades respecto a un yacimiento en el que apenas se han realizado excavaciones.

Es un auténtico oprobio que un vestigio histórico de la importancia del Castellar de Meca no sea de titularidad pública. Y en cualquier caso, lo que resulta de todo punto impresentable es que el acceso al mismo esté sometido a la arbitrariedad de intereses privados, como se desprende del texto
literal de la "web oficial' del Castellar: "La Ley de Patrimonio Histórico Artístico de 1985 vigente indica que se deje el acceso libre a los visitantes cuatro días al mes. Por tanto los propietarios hemos establecido el siguiente horario de visitas: Todos los domingos del año". En la página Arqueotur hay comentarios de casos en que los dueños de la finca han rayado la carrocería y pinchado las ruedas de los coches de los visitantes que han intentando acceder en fuera de este restrictivo calendario.
 
La indignante privacidad de Meca contrasta con la cuidadosa excavación y conservación de otro asentamiento iberico mucho más pequeño que Meca: la Bastida de les Alcusses, ubicada 60 km más al este, en el término de Moixent, cuyo municipio muestra con orgullo una reproducción a gran escala de la pequeña figura 
encontrada en el lugar: Guerrero de Moixent. Este poblado está plenamente accesible al público, y cuenta incluso con servicio municipal gratuito de visita guiada.

Asimismo, en la cercana localidad de Alpera existen varias cuevas que albergan pinturas rupestres. En concreto, la cueva de la Vieja es una de las estaciones con arte rupestre más relevantes del sector oriental peninsular que, desde 1998, ha sido declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Accesible al público previa visita concertada con el servicio de cultura municipal que facilita la asistencia de Rafa, un guía cordial entusiasta.


Reconstrucción de las pinturas de la Cueva de la Vieja



El Castellar de Meca

El lugar ya es citado en el documento de "Amojonamiento entre la villa castellana de Chinchilla y la aragonesa de Ayora", de 1411. También es objeto de la visita por Cabanilles, Conde de Lumiares y eruditos del XVIII y XIX, y por Pierre París y A Schulten.

Tallada en roca, la ciudad-fortaleza sorprende por sus amplias dimensiones (ocupa más de diez hectáreas de superficie), por su compleja red de recogida de aguas (basada en canalillos y grandes y numerosos –superior al centenar- aljibes tallados en roca viva) y, sobre todo, por el camino de acceso de carros al recinto, de cerca de un kilómetro de longitud. Además se conservan restos de las murallas ciclópeas, torres defensivas, casas semiexcavadas en la roca, escaleras, pesebres y abrevaderos...

Con una acusada pendiente, el denominado Camino Hondo constituye una asombrosa obra de ingeniería prerromana, sin paralelo en la península ibérica. El último tramo discurre por una trinchera excavada en roca de unos cinco metros de profundidad. Para superar la pendiente se alargó el recorrido y obligó a realizar una cerrada curva para cambiar el sentido del camino hacia el centro de la ciudad.

El suelo, sobre roca viva, presenta profundas marcas como consecuencia del paso de las ruedas de carro durante 1500 años. En los laterales se aprecian unas hendiduras en la piedra que, presumiblemente, servirían para introducir trancas de madera y sujetar así las ruedas evitando el deslizamiento por la pendiente.
 

Una vez llegados a la meseta se pueden observar habitaciones excavadas en la roca, escaleras, y numerosos depósitos (más de un centenar). No todos los depósitos serían aljibes, ya que algunos pudieron ser utilizados como graneros o almacenes. Las características del poblado sugieren que éste sería un gran almacén de productos agropecuarios que explicaría el camino de acceso para facilitar su transporte desde el llano. La construcción del camino y de los sistemas de almacenaje requiere de una clase dirigente con capacidad de organizar recursos y gestionarlos de forma eficaz. En épocas de depresión por malas cosechas o crisis, sería fundamental la defensa del lugar y sus recursos excedentarios almacenados en periodos de bonanza .

Vertiente oriental del Mugrón, con paredes cortadas a pico


Profundas rodadas producidas por el paso de carros  en la piedra del Camino Hondo


Aljibes excavados en la piedra caliza del Castellar de Meca



Ante este absurdo de poner puertas al campo, tanto cultural como serrano, es un deber cívico publicitar rutas alternativas para llegar a Meca. Advirtiendo, eso sí, que estas sólo están al alcance de la gente habituada a andar por el monte. Ya que exigen una ardua caminata y discurren a veces al borde de los acantilados de la vertiente oriental del Mugrón. La ruta se muestra en el siguiente video (*).


Y el track del recorrido en Wikiloc Ruta Sierra del Mugrón - Castellar de Meca.

Aunque las autoridades municipales ayorinas se posicionan del lado de la propiedad privada.

AyoraTurismo 30-jun-2016

El Ayuntamiento de Ayora comunica que el recorrido correcto para realizar esta ruta es saliendo desde el parking de Meca dirección hacia el Poblado Íbero. La parte señalizada en esta ruta atraviesa una finca privada (Casa del Heredero), zona por la que está prohibido el paso. Ruta de inicio: Salida desde el parking de meca, ascenso hasta el Poblado Íbero de Castellar de Meca y desde ahí se pasaría al resto de la Sierra del Mugrón por el camino señalizado para descender hasta el Arco de San Pascual. La ruta correcta de regreso se realiza por la misma senda de acceso al Arco, es decir, subiendo de nuevo a la Sierra del Mugrón hasta llegar al Poblado Íbero y bajando desde allí hasta el parking. 


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(*) Video tomado a partir de este blog.

jueves, 27 de octubre de 2016

Dauphin (Manitoba). La ciudad donde no existía la pobreza

Canadá mantuvo en su día un largo flirteo con la idea del Guaranteed Annual Income (GAI) o ingreso anual garantizado. Entre 1968 y 1980, se desarrollaron cinco experimentos de campo, dirigidos en principio a investigar el impacto del GAI en el mercado de trabajo. Una de esas experiencias se llevó a cabo en la localidad canadiense de Dauphin (Manitoba). En esta ciudad agrícola de tamaño medio, entre 1974 y 1979, se implantó el Minimum Income.



Canadá es un país que tuvo en su día un largo flirteo con la idea del Guaranteed Annual Income (GAI), o ingreso anual garantizado. Entre 1968 y 1980, se desarrollaron cinco experimentos de campo, dirigidos en principio a investigar el impacto del GAI en el mercado de trabajo. Una de esas experiencias se llevó a cabo en la localidad canadiense de Dauphin (Manitoba). En esta ciudad agrícola de tamaño medio, entre 1974 y 1979, se implantó el Mincome (Minimum Income). Cada familia recibía una renta mínima mensual, salvo aquellas que ingresaban más de 13.000 dólares y tenían dos hijos o menos; las personas empleadas veían reducido este dinero en medio dólar por cada dólar ganado con el trabajo, una medida que tenía como objetivo premiar la búsqueda de empleo. La cuantía de la prestación era variable, desde unos testimoniales 100 dólares mensuales a unos 5.800 anuales para los que carecían de otros ingresos. Durante décadas, la mayor parte de los datos obtenidos del experimento Mincome durmieron en el olvido en un archivo de Winnipeg, hasta que fueron redescubiertos por la socióloga Evelyn Forget, que elaboró el estudio definitivo sobre el experimento canadiense, resumido bajo el título The Town With No Poverty: “La ciudad donde no existía la pobreza”.

Las conclusiones de Forget fueron concluyentes. Entre otros efectos, en Dauphin descendió la violencia doméstica y el número de accidentes de coche, así como las hospitalizaciones psiquiátricas. Pero, sobre todo, el experimento vino a desmentir con rotundidad la principal crítica de los detractores de la RBC, puesto que se demostró que la motivación para buscar empleo del principal trabajador de la familia no declinaba. Sin embargo, sí hubo un pequeño descenso en la ocupación de los adolescentes y las madres de niños pequeños, seguramente porque los primeros se veían liberados de la necesidad de apoyar económicamente a sus familias y las segundas podían dedicarse a cuidar de sus hijos.

Dauphin era una ciudad de unos pocos miles de habitantes que vivía de la agricultura, y en la que la mayor parte de sus habitantes estaban autoempleados, por lo que conocían bien lo que es vivir con la acuciante incertidumbre del agricultor, que la renta mínima había hecho desaparecer. “Mincome ofrecía estabilidad y predictibilidad; las familias sabían que iban a contar con algún apoyo, con independencia de lo que le ocurriese a los precios de la agricultura o el tiempo”, explica Forget en su estudio. “Sabían que una enfermedad repentina, una incapacidad o un evento económico imprevisto no sería económicamente devastador”. El efecto más claro fue la desaparición de esa incertidumbre inmovilizadora provocada por el miedo a perderlo todo y que hace estragos entre las clases más desfavorecidas. Además, gracias a la renta mínima se confirmó una de las hipótesis del experimento: al mejorar la salud de la población los costes de este servicio se redujeron, lo que compensaba la inversión.

Coincidiendo con la crisis de la economía global, a finales de los años setenta el Gobierno canceló el Mincome, cuyos documentos fueron almacenados durante décadas por motivos no suficientemente aclarados. 






sábado, 24 de septiembre de 2016

Algunos perversos convencionalismos sobre las pensiones

 Como el organismo humano que, tras un malestar inicial, acaba por adaptarse a los cambios climáticos y a unas condiciones de vida diferentes, también los pueblos se acostumbran de modo sorprendentemente rápido a las nuevas formas de dominación. Transcurrido un tiempo, la vieja generación, que con amargura compara un presente brutal con un pasado más feliz, empieza a morirse. Tras ella, educada ya en la nueva tradición, ha ido creciendo una juventud que con inconsciente naturalidad acepta los nuevos ideales como los únicos posibles.  (Stefan Zweig)

Anoto esta reflexión del escritor vienés en su libro Castelio contra Calvino dada su vigencia en el contexto actual. Hoy se está induciendo a las generaciones jóvenes a asumir, como si fuera una ley inexorable de la naturaleza, que vivirán peor que la generación de sus padres. Y, en concreto, que no tendrán pensiones en el futuro. En efecto, agoreros de distinto signo, pelaje y condición (aunque con el común denominador de nutrirse todos en el mismo pesebre) anuncian, un día sí y otro también, el gran colapso del sistema público de pensiones en 2050.

Según estos apocalípticos profetas de la quiebra de la Seguridad Social, en 2050 la población española estará tan envejecida que la relación entre beneficiarios y cotizantes hará insostenible el sistema de pensiones. Resulta de veras prodigioso que la grey de arúspices del futuro socioeconómico sólo vean encenderse luces de alarma en el tablero de mandos macroeconómico cuando se trata de las pensiones públicas. 


Porque si, tal como sugieren estos lúgubres predictores basándose en las proyecciones demográficas, el problema va a ser de escasez de población activa en 2050, al faltar trabajadores no sólo entrarán en crisis las pensiones públicas, sino también las privadas. Pues, por la misma regla usada para afirmar que escasearán los cotizantes a la Seguridad Social, se deduce que también serán escasos los inversores en fondos privados.

Ante una crisis demográfica, las pensiones no serían más que una parte del problema. Porque, si faltan trabajadores, tampoco será posible atender las redes viarias, los aeropuertos, los hospitales o los centros de enseñanza. Apenas habrá maestras, médicos o enfermeros. Disminuirá asimismo el número de jóvenes vigorosos aptos para nutrir los cuerpos militares, policiales y de emergencia, que mantienen el Orden Público, la Defensa Nacional y la Protección Civil frente a incendios y otras catástrofes. Cuerpos que se quedarán en cuadro ante la falta de bomberos, policías y soldados de tierra, mar y aire.

Esa escasez de fuerza laboral no sólo afectará al sector público. Pues ¿de dónde va a salir la mano de obra que asegure el pleno funcionamiento de las fábricas, oficinas y comercios? Sin embargo, esta debacle general de la producción no parece inquietar a estas Casandras de vía estrecha. Lo que hace sospechar que, cuando únicamente se muestran preocupados por el futuro de las pensiones, exigiendo privatizar las pensiones, mienten con el mayor de los descaros. 


Porque los datos estadísticos más recientes desmontan la leyenda que se está creando sobre la inviabilidad del sistema público de pensiones. Las cifras demuestran, por ejemplo, que en España hay menos personas mayores que en las principales economías de la UE y se  gasta menos en pagar pensiones. Nuestro país, ocupa el séptimo lugar con mayor población de más de 65 años, pero llega al decimoquinto en gasto de pensiones.


Lo malo de todo este asunto es que la opinión pública ha aceptado ciertas extrañas convenciones. La primera de ellas, la de que todos los gastos del Estado —como las carreteras, por las que circulan tanto los trabajadores como los empresarios, banqueros y otras gentes de buen vivir— se costean con cargo a los impuestos generales. Un dinero que, casi en su totalidad, procede de las rentas del trabajo y del consumo de los trabajadores y sus familias, que componen la mayoría de la población. Otra convención ha establecido que las pensiones públicas han de ser sufragadas únicamente por el bolsillo de los trabajadores a través de sus cotizaciones.

De tales extraños convencionalismos se deriva una realidad perversa: los asalariados sufragan el coste de las Fuerzas del Orden que protegen la Seguridad de la Propiedad Privada —cuya porción más sustanciosa se acumula en pocas manos— mientras que los más adinerados no contribuyen a proteger la Seguridad Social de quienes dedican lo mejor de su vida a construir la fortuna de los ricos.

Necesitamos sanear estas convenciones sociales con visiones más saludables. Por ejemplo, la del economista Ravi Batra, que entiende que un fuerte sistema defensivo estatal debe servir para proteger la vida, la libertad y las propiedades de las personas frente a enemigos exteriores. O expresado de otra manera: el mantenimiento de unas fuerzas armadas beneficia al individuo en esos tres aspectos principales.

Por tanto, razona Batra, “Es un principio tributario tradicional que los impuestos que uno paga deben guardar proporción con los beneficios que recibe. Dado que todos valoramos en igual medida nuestra vida y nuestra libertad, pero no somos iguales desde el punto de vista de las riquezas que poseemos, lógicamente los ricos deberían soportar al menos la tercera parte del gasto militar. O dicho con otras palabras: si el gasto de defensa proporciona tres beneficios principales, a saber, la protección de la vida, de la libertad y de la propiedad, la tercera parte de dicho gasto debe ser soportada por los dueños de las propiedades”.
 

Una lógica similar, según Batra, puede aplicarse a lo que gasta el Gobierno en la lucha contra la delincuencia, ya que en este caso los beneficios son muy parecidos. O sea que la tercera parte del gasto estatal en defensa y justicia debería cubrirse mediante el mencionado impuesto federal sobre la propiedad. Si bien ciertos tipos de propiedades deberían quedar exentos: las necesidades de la vida cotidiana, esto es, la vivienda habitual, el coche, el vestido, los muebles, etc. En cambio, las acciones, los títulos, las cuentas de ahorro, las fincas comerciales y demás por el estilo deberían ser objeto de un gravámen progresivo. Y la escala debería calcularse de tal modo que lo recaudado por tal concepto equivaliese al tercio del gasto en defensa y lucha contra el crimen.

Que conste que es una idea ya apuntada en 1737 por Benjamin Franklin, figura destacada en la historia de los Estados Unidos. Refiriéndose a la necesidad de mejorar el servicio de vigilancia de la ciudad de Filadelfia, Franklin considera que debe haber mayor equidad a la hora de contribuir al pago de los mismos. En este sentido, redactó un documento en el que, además de reclamar una mejor formación de los agentes, insiste “particularmente en la desigualdad de aquella tasa de seis chelines que se pagaba a los alguaciles con respecto a las condiciones económicas de aquellos que tenían que pagarla, pues un ama de casa viuda cuya propiedad, que debía ser vigilada por el respectivo alguacil, probablemente no llegaba al valor de cincuenta libras, pagaba lo mismo que el más rico de los comerciantes que tenía en sus almacenes bienes por valor de miles de libras. En general, propuse que para hacer una vigilancia más efectiva debía contratarse a hombres cualificados que se ocupasen exclusivamente de eso; y como una manera más equitativa de soportar la carga, establecer una tasa que estuviese en proporción a la propiedad”.
 

El sistema público de pensiones no está amenazado por la demografía, sino precisamente por el hecho de que sus fuentes de ingreso provengan únicamente de las cotizaciones de las personas laboralmente empleadas cuyo número disminuye día a día. Cada vez hay menos empleo, y gran parte del mismo se desarrola en condiciones de precariedad. A peores salarios, peores cotizaciones a la Seguridad Social.

Por circunstancias tecnológicas y socioeconómicas, el volumen global de empleo disponible en el sistema productivo de un país desarrollado es decreciente. Es un hecho innegable que, a medida que avanza el progreso tecnológico se produce una avería en el artefacto social del empleo.

En el Foro de Davos 2016, las élites económicas del mundo allí reunidas manejaron un estudio que alerta sobre la destrucción de empleo a corto plazo en las 17 principales economías. Es un primer efecto inmediato de la Cuarta Revolución Industrial derivada de la. digitalización de los sistemas de producción. El documento de Davos analiza las transformaciones que la economía mundial y el mercado de trabajo padecerán en el próximo lustro. Entre sus advertencias se afirma que, a causa de la automatización, se perderán unos siete millones de empleos "de oficina". El estudio predice el desarrollo en las áreas de inteligencia artificial, robótica, nanotecnología e impresión 3D. 


Es preciso, por tanto, lograr que las empresas coticen también por los puestos de trabajo automatizados y robotizados. Junto a las fábricas que emplean robots en la producción en lugar de empleados humanos, deben cotizar también los autoservicios: hipermercados, gasolineras y cajeros automáticos.

Todo ello requiere una gran movilización social que exija reformas socioeconómicas en este sentido. Mientras tanto, hay algo que los pensionistas con buena salud, sin obligaciones laborales ni temor a ser despedidos por afiliarse a un sindicato, deberían movilizarse para defender sus pensiones reivindicando la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Lo que beneficiaría tanto a los jóvenes como a la caja de la Seguridad Social.

¿Os acordáis del lema: "no soy ecologista, soy egoísta". Pues apliquémonos el cuento.